Lima.– El presidente del Poder Judicial de Perú, Duberlí Rodríguez, precisó hoy que el probable pedido de extradición del expresidente Alejandro Toledo (2001-2006) aún no se ha solicitado a Estados Unidos porque primero sus autoridades deben responder a la solicitud de ubicación y captura.

“Lo que está en marcha en este momento no es el pedido de extradición sino un pedido de detención para recién comenzar con el trámite de extradición”, declaró Rodríguez a los periodistas.

Toledo tiene una orden de detención desde febrero pasado, a raíz de las declaraciones del exdirectivo de Odebrecht en Perú Jorge Barata de que le entregó un soborno de 20 millones de dólares para adjudicarse la construcción de dos tramos de la carretera Interoceánica sur en 2005.

El dinero fue transferido a cuentas en el exterior del empresario Josef Maiman, amigo de Toledo, quien formó una empresa en Costa Rica con la suegra del exmandatario, Eva Fernenbug, para adquirir bienes en Perú y pagar las hipotecas de dos casas del exlíder del partido Perú Posible.

“Mientras no lo ubiquen y no lo detengan, el proceso (de extradición) no se va activar”, agregó el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Toledo vive en San Francisco (California) con su esposa Elianne Karp y ha negado las acusaciones de Barata, mientras que la Fiscalía ha reunido evidencias por el presunto delito de lavado de activos y cohecho en el allanamiento hecho a su casa en Lima.

Barata también declaró a la Fiscalía de Perú que Odebrecht entregó un aporte de tres millones de dólares a la campaña electoral del expresidente Ollanta Humala en 2011, lo cual fue corroborado por el expropietario de la compañía Marcelo Odebrecht en declaraciones a la justicia de Brasil.

Rodríguez declaró hoy que “la ley dice que toda sentencia condenatoria, incluso una prisión preventiva, no puede ser solicitada con el solo hecho de la declaración de un colaborador eficaz”, figura a la cual se ha sometido Barata. La declaración “tiene que estar corroborada con otra prueba independiente y autónoma”, precisó.

El titular del Poder Judicial aclaró que Humala no puede ser procesado por el delito de corrupción de funcionarios porque en el momento en que se hizo presuntamente el aporte de Odebrecht era candidato a la presidencia.

“Y si estaba de candidato él todavía no es funcionario púbico y, por tanto, técnicamente no es un delito de corrupción de funcionarios. Podría ser otro delito que no puedo decirlo porque después van a decir- ‘Ah, está buscando la calificación más benigna’. No, eso ya le corresponderá a la Procuraduría y a la Fiscalía en su momento”, manifestó Rodríguez.

Humala, investigado junto a su esposa Nadine Heredia por lavado de activos, tiene impedimento de salida del país y comparecencia restringida, dictada por una sala anticorrupción en Lima.

Odebrecht admitió ante las autoridades judiciales de Estados Unidos que entregó sobornos por 29 millones de dólares en Perú entre 2005 y 2014, un periodo que comprende los gobiernos de Alejandro Toledo (2001-2006), Alan García (2006-2011) y Ollanta Humala (2011-2016).