La Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe) ha sido piedra de escándalos de todos los gobiernos desde su fundación, ya fuera como “Oficina Coordinadora y Fiscalizadora de Obras del Estado” o como “Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado”.

Con el paso de los años solo ha cambiado de nombre, pero en la práctica se ha mantenido como una permanente piedra de escándalo, facilitado por las inexplicables funciones que en la práctica desempeña.

Es muy correcto que el Estado tenga una oficina para supervisar la construcción de las obras públicas y verificar que las mismas estén apegadas a los requerimientos técnicos y financieros contratados.

Debiera ser una oficina burocrática en la que se le indique a la entidad pública contratante el nivel de avance de la obra y cerciorarse de la calidad de la construcción para que en esa medida se proceda a los pagos correspondientes.
Pero la práctica ha sido otra.

La Oisoe es una especie de Ministerio de Obras Públicas paralelo, que contrata obras, hace cubicaciones y las paga (aunque los fondos erogados se carguen a presupuestos de otras instituciones públicas).

Un nuevo escándalo, en el que posiblemente salga a relucir hasta extorsión, ha surgido desde la Oisoe y que tristemente salió a relucir porque un arquitecto decidió quitarse la vida agobiado por prácticas corruptas en el seno de esa entidad.

Dejar esta tragedia como una cuenta más del rosario de irregularidades conocidas en el seno de esa entidad, sería convertir en cómplices a todos los llamados a corregirlas y castigarlas.

Estamos frente a una buena oportunidad de hacer en la Oisoe lo que nunca se ha hecho: limitarla a su rol de supervisar, fiscalizar y castigar a quienes desde allí se enriquecen de manera ilícita.