La primera petición fue que el Congreso Nacional apruebe la ley de partidos, después que se realice un debate electoral y ahora que se establezcan sanciones en el mal uso que hagan los partidos del financiamiento que otorga el Estado para la campaña electoral.

Es decir, son tres iniciativas que de aplicarse como aspira la Junta Central Electoral no habría ninguna duda en la confiabilidad y la transparencia de las elecciones previstas para 2020.

Se concibe, entonces, que la JCE tiene una agenda de trabajo bien definida y que podría contribuir a adecentar el sistema político y fortalecer la democracia.