El año 2020 es clave, porque cierra una década y define cómo serán los próximos años para esta sociedad, no solo a partir de la decisión de los votantes sobre quiénes tomarán las riendas del Estado, sino por la capacidad de los ciudadanos de organizarse en instancias de presión influyentes que puedan forzar un cambio de rumbo basado en pilares específicos.

¿A qué me refiero? A la fortaleza institucional con el funcionamiento efectivo de las entidades públicas al servicio de los ciudadanos, proyectando calidad, probidad, profesionalidad y, sobre todo, confianza.

Es necesario dar un paso más allá de la tasa de crecimiento económico, la inflación controlada, la relativa estabilidad de la tasa de cambio, la creación de nuevos empleos, el desarrollo de las pymes, la inversión en educación, salud, infraestructura, la solución del problema eléctrico y otros tópicos.

Una tarea fundamental es convertir a la República Dominicana en un país “grado de inversión”, un logro que no ha sido posible debido a las debilidades institucionales y la marca de la corrupción determinada por el tráfico de influencias, el cobro de peajes y la truchimanería contra la iniciativa privada, que en ocasiones se ve obligada a aceptar tratativas corruptas para prosperar.

En términos elementales, alcanzar esta meta equivaldría a poner la economía dominicana en la órbita de los grandes capitales, que cuentan con estrictos regímenes de inversión que no les permiten aterrizar en naciones en las que brota la corrupción, las leyes son violadas en forma deportiva sin consecuencias, la justicia está secuestrada por los políticos y los funcionarios gozan de amplias discrecionalidades para convertir la gestión pública en sus centros de negocios personales.

El crecimiento sostenible y a largo plazo no es posible si su base es la creación de empleítos de subsistencia, el impulso de mipymes vulnerables y de vida corta, así como la dádiva clientelar y “el botellero” a todos los niveles en la administración pública, que presionan las finanzas del Estado. Institucionalidad, confianza y transparencia en el manejo de la cosa pública son claves para la transformación del país.

Esto debe ser objeto de debate en la campaña y la sociedad tiene que levantarse para imponer esos tres ejes en quienes nos gobernarán a partir de 2020.