La orden de arresto ejecutada ayer contra al menos 14 de las personas imputadas de recibir sobornos millonarios de Odebrecht es sin duda una victoria de la sociedad, que a través del movimiento Marcha Verde viene reclamando cívicamente el fin de la impunidad en la República Dominicana. Pero no basta.

Recordemos que la primera reacción de las autoridades dominicanas fue negarlo todo, pese a la confesión de Odebrecht de que había repartido US$92 millones en sobornos a funcionarios y legisladores para obtener la adjudicación de contratos de obras que luego fueron sobrevaluadas.

Funcionarios de la empresa también han admitido en Brasil que con el dinero proveniente de las sobrevaluaciones financiaron campañas en varios países, incluido el nuestro, y que eso se hizo a través de Joao Santana y su esposa Moura.

Y no olvidemos que Joao Santana era el principal asesor de la campaña del presidente Danilo Medina. Eso sigue pendiente.

De hecho, en este -que ha sido catalogado como el más grande fraude internacional- lo más importante no son los sobornos (US$92 millones), sino las sobrevaluaciones, que en varias de las 17 obras adjudicadas a Odebrecht a lo largo de 13 años duplicaba, triplicaba y hasta quintuplicaba el presupuesto original, en una orgía de préstamos y adendas en franca violación a la ley de compras y contratación de bienes y servicios del Estado.

Las sobrevaluaciones de las obras construidas por Odebrecht sobrepasan los mil millones de dólares, sin contar las plantas de Punta Catalina, que podría ser el caso más grave de todos, pues la competencia, una empresa china, ofrecía construir estas termoeléctricas a la mitad del precio que finalmente se les aprobó a los brasileños.

Y además, según la ley, tan pronto Odebrecht admitió el pago de soborno, el Estado dominicano debió rescindir cualquier tipo de contrato con esa empresa. No obstante, el Gobierno sigue defendiendo a capa y espada una obra tan cara como cuestionada.

De modo que, sí, lo de ayer ha sido un triunfo, pero limitado. Otra cosa llama la atención, que en la lista dada a conocer ayer por el Procurador solo haya gente del PRM, del PRD y peledeístas del grupo del expresidente Leonel Fernández, y ninguno del grupo de Danilo Medina. Pienso que ahí falta mucha, mucha gente.

Es probable, incluso, que el grupo de Danilo Medina pretenda aprovechar este escándalo colosal para salir fortalecido, lo cual, en lugar de aplausos, por ser “políticamente correcto”, merece nuestra más visceral repulsa, por ser un engañabobos.

El razonamiento sería “si el pueblo quiere ver cabezas rodar, te sacrifico algunos chivos expiatorios, escogidos de la oposición externa e interna, mientras yo salgo fortalecido”. Un circo, otro engaño.

Mientras sacaba de competencia a constructores criollos, la mafia de Odebrecht, en contubernio con funcionarios y legisladores, se apropió de miles de millones de pesos que debieron ser utilizados en mejorar los servicios de los hospitales, la seguridad ciudadana o el arreglo de calles.

Por eso, en lugar de darse por satisfecho, el Movimiento Verde, y con él la parte más sana de la sociedad, debe arreciar su lucha en reclamo de justicia, no a retazos, sino justicia verdadera, castigo para todos los corruptos y el fin de la impunidad.