La falta de  coordinación entre  las instituciones gubernamentales,  la escasez de  presupuesto y  la antigüedad de la ley  ponen límite a que se frenen  los feminicidios,  aseguran las activistas feministas Graciela de la Cruz y Sergia Galván.

Señalaron que las instituciones del Estado están trabajando por separado, y  que el Ministerio de Salud Pública  se queda al margen de la situación, sin un plan para frenar la violencia.