Está bien que el Gobierno hiciera lo que desde hace tiempo debió hacer. La disolución de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (Corde) y de la Comisión de Reforma de la Empresa Pública (CREP) llega tarde, pero ya es un hecho que merece reconocimiento.

La decisión no vino sola. Antes se conoció todo un proceso fraudulento y oscuro, fruto de la venta irregular de los terrenos en el sector Los Tres Brazos, en Santo Domingo Este.

El informe rendido por la comisión designada resultó demoledor. No había forma de continuar con tan escabrosa negociación.

La decisión del Poder Ejecutivo llena de tranquilidad a un importante sector residencial, al tiempo que evita con la medida que otros desmanes puedan producirse en ese orden u otro en contra de los intereses del Estado dominicano.
No basta, sin embargo, con lo que se hizo.

El proceso tiene muchas acciones pendientes que deben recibir una respuesta oportuna y definitiva. Sobre todo porque hay implicados públicos con nombres y apellidos.

El poder de acción de la justicia no puede ser limitado. En manos del Ministerio Público queda determinar qué se hace de ahora en adelante. Apoyamos que caiga todo el peso de la ley sobre todos los involucrados.