La Constitución de 2010 consagró la figura del Defensor del Pueblo, otorgándole como función esencial la de contribuir a salvaguardar los derechos fundamentales de las personas cuando sean violados por funcionarios u órganos del Estado, por prestadores de servicios públicos o particulares que afecten intereses colectivos y difusos.

Algunos legisladores abogan por su eliminación, alegando no haber cumplido su cometido y reformas institucionales para optimizar los recursos del Estado.

Con esto revelan desconocer la necesidad de la Defensoría del Pueblo en una sociedad democrática y el papel que ha venido jugando en nuestro país.

Desde su creación hasta su efectiva implementación, con la elección de la Dra. Zoila Medina, como primera defensora del pueblo y sus adjuntos, transcurrieron más de 12 años.

A partir de su instalación la lucha por su institucionalidad y desarrollo ha sido titánica, lo que no ha impedido su notable desempeño y contribución para la protección de los derechos ciudadanos.

Con su trabajo se han reducido las arbitrariedades y se ha ido fortaleciendo y expandiendo más la conciencia en los funcionarios de un servicio público de mejor calidad y sin abusos.

De prosperar la iniciativa legislativa, en una sociedad en la que muchos funcionarios aun cierran o estrellan sus puertas a la ciudadanía o actúan o dejan de actuar conforme a sus funciones, se privaría al dominicano de un tanque de oxígeno cargado de derechos con el que cuenta y se le regatearía el importante y muchas veces silencioso, pero efectivo, trabajo desplegado con tanta entrega por la Dra. Medina, sus adjuntos y su personal de apoyo.

Si el Congreso Nacional busca recortar gastos hay otras instituciones estatales parasitarias y de existencia cuestionable e innecesaria.

Solo en el primer cuatrimestre de 2017 nuestra Defensoría del Pueblo había recibido 340 casos, cerrando el 90 % de las orientaciones solicitadas por la ciudadanía en 90 días y así ha sido su accionar en los años anteriores.

Las estadísticas y reportes de gestión están a la vista de todos.

Eliminar la Defensoría del Pueblo sería ignorar sus logros institucionales y quitarle a la ciudadanía, tan castigada por el autoritarismo y la dejadez de muchas autoridades, uno de los pilares institucionales para la defensa de sus derechos.