Santo Domingo.-La explotación sexual a que eran sometidas muchas de las mujeres que trabajaban en el clausurado centro de diversión Doll House llegaba al extremo de que supuestamente en ocasiones no recibían beneficios por los servicios que ofrecían.

Así se hace constar en el expediente instrumentado por el Ministerio Público contra los presuntos responsables de esta red, entre ellos el propietario del negocio Rafael Elías Alcántara Casado.

Según las investigaciones las mujeres que eran reclutadas realizaban bailes eróticos, privados algunos, los cuales implicaban la exhibición de sus órganos sexuales y en otros “la realización con penetración”.

“Todo esto a cambio de que el negocio pueda cobrar estos servicios directamente de los clientes y lucrarse, dejando a las víctimas incluso con 0 beneficios, ya que les cobran además del pasaje elevado en su costo, multas y pagos de comida, entre otros”.

Las mujeres son de nacionalidad colombiana, venezolana y de Ucrania.

Implicaciones

El imputado Alcántara Casado, dueño del negocio y principal cabecilla de la red criminal, se encargaba de viajar a esos países para captar las mujeres, seleccionadas por sus condiciones de vulnerabilidad económica.

Les compraban los boletos aéreos, pagaban el transporte y las contrataban mediante el alegato de la deuda que había asumido cada mujer, luego eran explotadas en el negocio.

Alcántara y la imputada Laura Esther Bautista Rojas administraban el negocio y coordinaban el traslado de las mujeres desde las casas, ubicada una en Arroyo Hondo y otra en Ciudad Real en esta capital, hacia el centro de diversión ubicado en la George Washington.

Mientras que el imputado Santo Benjamín Rodríguez Santos se encargaba de vigilar a las mujeres, llevar el control de los clientes y el cobro por los servicios que realizaban, como “party”, bailes privados y eróticos, en algunas ocasiones exhibición de sus órganos sexuales y en otros actos con penetración.

Debido a que el negocio se encargaba de cobrar directamente a los clientes los servicios que recibían de las víctimas, al dueño esto le ha generado varios bienes lujosos, como villas, vehículos de motor de alta gama y embarcaciones marítimas entre otros.

Medida de coerción

El Ministerio Público solicitó prisión preventiva a los imputados Alcántara Casado, Bautista Rojas y Rodríguez Santos por trata de persona, lavado de activos y porte ilegal de armas.

El juez de Atención Permanente del Distrito Nacional conocerá el caso hoy.

La red tiene ramificaciones internacionales y se investiga con la colaboración de Colombia y Estados Unidos.