Hace ocho días que los hondureños acudieron cívicamente para ejercer el voto en las elecciones presidenciales, en lo que se vislumbraba sería un proceso democrático superior, en términos de calidad, a los celebrados hasta entonces en la historia de ese país centroamericano.

Aunque, el día de las votaciones, no hubo muchas denuncias de irregularidades, la decepción y la incertidumbre, sin embargo, no tardaron en apoderarse de una sociedad deseosa de conocer los resultados electorales en la noche misma de ese domingo 26 de noviembre.

Posteriormente, los comicios se ensombrecieron debido a la lentitud en el conteo y de la divulgación de los resultados.

Los candidatos Juan Orlando Hernández, gobernante del país y candidato del oficialista Partido Nacional, y Salvador Nasralla, de la Alianza de Oposición contra la Dictadura, se autoproclamaron ganadores de las elecciones.

Y lo hicieron antes de que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) emitiera su primer informe preliminar en la madrugada del lunes. Indudablemente, este proceso ha sido un revés para la democracia hondureña, instaurada en 1980, cuando una Asamblea Nacional Constituyente convocó a elecciones para el siguiente año, tras dos décadas de regímenes militares.

La democracia en República Dominicana podría considerarse de mayor calidad que la de Honduras, pero convendría mirarse, reflexivamente, en el espejo de los hondureños para ser preventivos cuando a la Junta Central Electoral (JCE) le corresponda, según lo establece el artículo 212 de la Constitución de la República, “organizar y dirigir las asambleas electorales para la celebración de elecciones y de mecanismos de participación popular” en los comicios de febrero, municipales, y las presidenciales del año 2020.

La sociedad dominicana es una de las más politizadas de América Latina, lo que crea una situación de presión social y política durante los períodos electorales.

No olvidemos que se vivieron serias crisis políticas postelectorales durante los años 1990 y 1994, que empujaron a reformas electorales y a negociar la conformación de la JCE.

La crisis de 1994, a causa de denuncias de fraudes, tuvo una dimensión tal que requirió de la intervención de gobiernos y de organismos internacionales, como el caso de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

La salida fue la firma del Pacto por la Democracia por parte de fuerzas políticas y sociales del país, que incluyó una reforma a la Constitución de la República para recortar el mandato del entonces Jefe del Estado, Joaquín Balaguer.
Situaciones de ese tipo no han sido exclusivas de la República Dominicana, sino que han formado parte de la cultura política de la región. Al efecto, el cientista político DieterNohlen señaló:

“En América Latina es imperioso tomar en cuenta que la justicia electoral no es un oficio rutinario dentro de una democracia establecida basado en una sociedad con fuertes raíces democráticas, sino una agenda en un proceso dinámico vacilante en el contexto de una cultura política generalizada no concordante con los principios éticos que están insertados en el concepto normativo”.

En medio de un futuro incierto para la democracia hondureña, quedan preguntas que ameritan respuestas.

¿Qué pasó con el Tribunal Supremo Electoral? ¿Hubo falta de capacidad, de integridad o está conformado con miembros veleidosos, es decir, inconstantes?

Nada de eso se puede aún establecer con exactitud, pero sí afirmarse que el caso de ese país debe servir como espejo para la democracia en la República Dominicana que, a pesar de que vino al mundo de los seres vivientes en el año 1962, todavía no termina de alcanzar la madurez plena.