De cuando en vez resurgen las presiones contra el Gobierno dominicano para que reniegue a su responsabilidad de hacer cumplir las leyes migratorias.

Eso solo ocurre con República Dominicana.

Todos los otros países cumplen sus leyes migratorias como algo ordinario y no se observan organizaciones de ningún tipo haciendo “lobby” para impedirlo.

En el Caribe tenemos muchos ejemplos del cumplimiento a rajatabla de sus leyes migratorias.

Pero cuando se trata de República Dominicana todo es una crisis.

La razón no hay que buscarla fuera de nuestro territorio.

El miedo se huele, la indecisión se siente.

El Gobierno dominicano nunca ha tenido una determinación inquebrantable de hacer cumplir sus leyes.
Se le siente temeroso, indeciso y por eso se le presiona.

El Gobierno tiene que hacer ver, con determinación, que la sentencia 168-13 que esclarece los requisitos para obtener la nacionalidad es irreversible, que la Ley 169-14, que crea un mecanismo expedito para regularizar a los inscritos en el registro civil de manera irregular no da cabida a más nada, que la Junta Central Electoral está decidida a actuar conforme a las leyes internas y que velará por la salud del registro civil y que todo extranjero no autorizado para estar en el país tiene que atenerse a las consecuencias de estar de manera ilegal en nuestro territorio.
Los mensajes deben ser claros y permanentes.

Pero los lobos aun huelen el temor de la presa.