La Procuraduría General de la República ha anunciado una medida tan lógica y necesaria que solo se nos ocurre cuestionar el porqué no se implementó mucho antes.
Informó que en las cárceles dominicanas, tanto del antiguo como del nuevo modelo, serán separados los presos preventivos de los que ya tienen condenadas definitivas.
Esa decisión va en el paso correcto.
El preso preventivo es un inocente hasta tanto una sentencia irrevocable dictamine lo contrario. Sin embargo, al encerrarlo unto con todo tipo de criminales se le está imponiendo un castigo anticipado.
Incluso, la propia filosofía penitenciaria dominicana tiene como eje central la reeducación del condenado para reinsertarlo a la sociedad como un ente de bien. Ahora bien, en los casos de los presos preventivos no se aplica ese principio, pues se debe partir de que se trata de una persona inocente y el “someterlo” a reeducación sería asumir que es culpable.
Por tanto, queda claro que los preventivos y los condenados deben ser sometidos a regímenes diferenciados, lo cual solo podrá lograrse si físicamente están separados.
Aunque el razonamiento precedente parezca elemental, la aplicación de la medida anunciada por la Procuraduría General de la República encontrará piedras en el camino.
Esta medida vendrá a chocar con las mafias que controlan los recintos carcelarios, que mueven millones de pesos al día con la complicidades de autoridades dentro y fuera de los penales.
También requerirá de recursos económicos para readecuar esas instalaciones.
Esas dificultades deben ser vencidas para implementar esa medida justa y necesaria.