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Me declaro culpable

Según Ricardo Arjona, “una mentira que te haga feliz vale más que una verdad que te amargue la vida”. Puede que eso sea válido en el idílico mundo de los poetas, pero no cuando se trata de asuntos de Estado, y mucho menos si se pretende coartar la libre expresión del pensamiento.

Por eso vale la pena referirnos a una parte de la recién aprobada Ley de Partidos.

Mientras se nos entretenía con que si las primarias serían abiertas o cerradas o, como se aprobó, que las cúpulas partidarias tendrán facultad para decidir la forma de elegir a los candidatos, etc., los legisladores introducían subrepticiamente un artículo según el cual es más fácil que alguien caiga preso por poner un tuit o un mensaje en Facebook, que por robarse cientos de millones de pesos de una institución del Estado.

Pues tal como reseñó el periódico El Día, “la recién aprobada Ley de Partidos Políticos busca imponer controles a los contenidos de las redes sociales bajo la inclusión de sanción de prisión para evitar que éstas sean utilizadas para divulgar los aspectos negativos de los candidatos en los procesos internos de los partidos”.

Según la nueva ley, la difusión de mensajes negativos a través de redes sociales que empañen la imagen de los candidatos será sancionada conforme a los artículos 21 y 22 de la Ley 53-07 sobre crímenes de alta tecnología.

El artículo 21 de dicha ley dice que la difamación cometida a través de medios electrónicos, informáticos o audiovisuales, se sancionará con la pena de tres meses a un año de prisión y multa de cinco a quinientas veces el salario mínimo.

Iguales sanciones establece el artículo 22 en caso de injuria.

Sí, sanciones económicas, cárcel para quien difunda “mensajes negativos” que empañen la imagen de los candidatos”, como si fuera posible empañar más una imagen podrida.

Cuál será el Torquemada que en pleno siglo XXI decidirá cuándo y a quién sancionar por cometer difamación o injuria.

De aplicarse este adefesio, los que asisten a la Marcha Verde contra la impunidad y la corrupción de políticos que recibieron sobornos de Odebrecht podrían ir preso, mientras que a casi todos los implicados en ese ignominioso caso de corrupción se les excluye del expediente.

Bienvenidos a República Dominicana 2018: donde es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un político corrupto a la cárcel de Najayo.

Es cierto que todavía aquí hay senadores y diputados que merecen algo de respeto, pero también es cierto que muchos políticos y funcionarios no son más que una vergüenza para la sociedad, y eso ha de ser dicho por el bien del país.

De hecho, si al menos están haciendo un allante con el caso Odebrecht, si hay algunos imputados por la venta del barrio Los Tres Brazos, si aún se menciona el caso de la sobrevaluación de los aviones Super Tucano, la venta de los terrenos de Bahía de las Águilas, las mafias de las importaciones de productos agrícolas en detrimento de los productores criollos, la mafia en el CEA, la OISOE, y un largo etcétera, eso es gracias a que aquí hay libertad de prensa, libertad de expresión.

En lugar de sancionar, la ley debería premiar al ciudadano que denuncie los actos de corrupción, aunque afecte la “re-PUTA-ción” de ciertos políticos.

Desde luego, no es lo mismo una denuncia seria que una campaña sucia.
Pero ante tantos escándalos de corrupción, es imposible permanecer callado.
Yo desde ya me declaro culpable.

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