El ejercicio de los derechos fundamentales está sujeto a que sus portadores ejerzan el primer y más determinante de los derechos: el de la vida. En nuestro país, como en la mayoría de las sociedades democráticas, el derecho a la vida se reconoce constitucionalmente, aunque en la práctica es solo una frase más inscrita en un “pedazo de papel” sin importancia para quienes detentan el poder.

Aunque en el discurso de toma de posesión el presidente Medina declaró clausurada la política de gatillos alegres, una serie de hechos recientes retratan a plenitud la situación de vulnerabilidad de la vida y el consabido y rutinario compromiso del Estado con una política de violación permanente a éste, el más supremo de los derechos.

En menos de cien días de instalado el gobierno de Danilo Medina, ya las cifras de asesinatos de jóvenes en manos de la policía superan los cuarenta.  Y si al número de víctimas le agregamos el horror del video presentado por Nuria Piera, donde se ve a un oficial policial “dar de baja” fríamente a un supuesto prófugo, ya apresado y esposado, superado el asombro, no podemos más que concluir en que el nuevo gobierno dará continuidad a la sistemática política de “limpieza social” contra delincuentes comunes, que ha dejado un saldo de miles de muertos sin que se observe alguna mejoría en la seguridad de los ciudadanos.

Por otro lado, el asesinato del estudiante Willy Florián, ultimado por agentes policiales en medio de protestas contra el “paquetazo fiscal” en la UASD, y la muerte de la profesora Ángela Moquete Méndez, baleada por policías en Barahona, mientras se desarrollaban protestas en reclamo de agua, no sóloagregan nuevas víctimas a las espantosas cifras de “bajas” en los simulacros de enfrentamientos que cada día se producen en el país, sino que abren la preocupación de si, desde el gobierno, seretomará el camino de tratar la protesta social como un “agente anti social” al que hay que eliminar, matándolo.

Mientras nos llegan nuevas evidencias de que una cosa es lo que se dice y otra la que se hace, todas estas muertes violentas nos muestran el rostro de un Estado asesino, un horroroso aparato que, guadaña en mano, va repartiendo cruces, a diestra y siniestra, como única respuesta, contra la rebeldía, que en unos casos asume el perfil colectivo de la protesta y, en otros, el de la equivocada búsqueda de soluciones individuales, así sea transgrediendo las leyes.

El telón de fondo es el mismo, cualquiera que sea el perfil de las víctimas: la ineficacia de las políticas públicas para generar oportunidades y dar solución a los problemas sociales. Se trata de un Estado que ha abandonado su papel de conductor de la colectividad, de un Estado que pone el mal ejemplo y que solo aparece para reprimir y matar, nunca para prevenir ni incluir a las personas.

Se trata de un Estado que persiste en la perspectiva autoritaria, para cuyo propósito ha construido un aparato policial psicópata, que disfruta la muerte, que no se inmuta frente a la sangre y el dolor humano, que hace carrera de éxito sumando vidas “dadas de baja” y que, antes que la solución del problema delincuencial y de orden público, es uno de sus principales factores causales.

De que tenemos que cambiar ese paradigma policial y a los actores que lo sustentan, nadie tiene dudas. Pero si los que deciden  esas políticas sangrientas no cambian su visión, cualquier nuevo actor policial pronto estará también bajo el mismo manto psicótico de la muerte, que aquí no solo es buen negocio para los gusanos.