El Presidente de Honduras, depuesto por un golpe de Estado y sacado a la fuerza de su país, había dicho que, pasara lo que pasara, viajaría hoy de regreso a su tierra para reasumir la Presidencia que le fue arrebatada. Pero ayer dio marcha atrás al anunciar que, antes de emprender el viaje de retorno, esperará a que venza el plazo de 72 horas que la OEA dio a los golpistas para devolver el poder.
De entrada, a mí me pareció que el presidente Zelaya estaba titubeando ante la inminencia de tener que enfrentarse a mano pelá con los gorilas que lo estarían esperando en el aeropuerto de Tegucigalpa para hacerlo preso. Pero después pensé que hizo bien en ponerle un poco de prudencia a su estrategia contra los adversarios políticos que le enfrentan.
La inquietante espera se extiende, pues, hasta el sábado, fecha en que vence el aludido plazo para que los que se han autodesignado como gobernantes de Honduras declinen sus pretensiones y den paso a la institucionlidad.
Estoy hablando de Honduras, pero también de la República Dominicana y de todos los países latinoamericanos, porque si el mal ejemplo de lo que ocurre en la nación centroamericana cunde por el resto del continente, habrán sido en vano los progresos políticos y civilistas alcanzados en los últimos cincuenta años.
