La actual presión internacional, de organismos oficiales (OEA y otros) y de entidades de la sociedad civil (Human Rigths Watch), para que en República Dominicana cesen las desnacionalizaciones y deportaciones masivas de extranjeros, sobre todo de origen haitiano, es ahora injusta.

Si algún mérito tiene la sentencia 168/13 del Tribunal Constitucional es que, a pesar de haber arrancado derechos fundamentales a una ciudadana que acudió en amparo para su protección y de extender esa ignominia a miles de ciudadanos con igual condición y a otros con derecho para adquirir legítimamente la nacionalidad, es que ahora tenemos instituciones jurídicas, políticas y administrativas, que después de décadas de inercia, ejecutan una real política migratoria.

Por la implementación de la ley 168/14 hoy ya tenemos 55,000 compatriotas dominicanos más, 288,486 personas están inscritas en el plan de regularización y 8,755 personas solicitaron su inscripción en el libro de extranjería. Además, la implantación de la ley general de migración 285-04 y su reglamento, la coordinación interinstitucional de los órganos del Estado competentes en materia migratoria, las políticas de respeto a los derechos humanos y la individualización de cada caso, para que exista un debido proceso en la regularización y documentación del status migratorio de cada persona.

En democracia, en cuyo centro de todas sus políticas públicas se encuentre el ser humano, perseguir, detener y deportar masivamente un conjunto de personas es una quimera. La verdadera injusticia era mantener nuestra política migratoria inmóvil, con irrespeto a los derechos humanos, que es su consecuencia.

Nuestro país, y es un logro del actual gobierno, ejecuta ya una política migratoria, que busca que aquellos que se encontraban indefensos, salgan de las sombras (Obama).

Las democracias jóvenes como la nuestra, tienen una responsabilidad y un compromiso ontológico, de socavar los remanentes de los sistemas autoritarios y abusivos del pasado.

La República Dominicana ha cambiado para bien, dejando los vejámenes del pasado, y adoptando una posición responsable, promoviendo el respeto a sus leyes, y la voluntad sensata de un pueblo, que busca solucionar humanitariamente el problema migratorio. No hay mal que por bien no venga. Una sentencia violatoria de derechos humanos ha forzado a las autoridades a encontrar las soluciones serias al problema migratorio.