Ante lo evidente no se puede rebatir la verdad. Hay sectores de la vida nacional que deben ponerse de acuerdo en algo.
Ese algo es qué consideran y qué no como recursos del Estado. A esos sectores, naturalmente, pertenecen los hombres y mujeres, de uno y otro lado, que participan de manera activa en el debate político y la contienda electoral, aspiren o no a un puesto electivo.
La respuesta a esta pregunta nos iluminaría a todos. Hay recursos humanos, incluido el presidente de la República, que hay que considerarlos como recursos claves del Estado.
Así, en rango descendente están los ministros, viceministros, directores generales y asesores del Poder Ejecutivo.
También hay que incluir a los legisladores. Todos son recursos humanos, funcionarios que devengan un sueldo pagado por el Gobierno, con dinero de los contribuyentes, y por tanto forman parte del Estado.
Se mueven en la campaña electoral y recorren el país.
Son recursos humanos que, como funcionarios, deben emplear el tiempo en sus respectivas oficinas o incumbencias, pero en horas laborables se hallan en actividades políticas, y por tanto, ellos mismos, son parte de los recursos que desde el Gobierno se utilizan para hacer campaña política.
La frase “auditoría visual” se ha vuelto de uso recurrente en muchos discursos. De manera que solo bastaría hacer una auditoría visual en las llamadas caravanas, mítines y otras formas de concentración, para evaluar si hay o no uso de los recursos del Estado en la campaña.
El discurso habría que alinearlo en otra dirección. Esa sería en cómo bajar los gastos de los funcionarios que se desplazan por las calles del país. Una fórmula sería que todos los empleados envueltos en estas acciones se tomaran una licencia, sin disfrute de sueldo, durante todo el periodo electoral vigente. Esperemos que se tomen medidas en ese sentido.
