El proyecto de ley de Lavado de Activos aprobado por el Senado de la República pone sobre los hombros de los notarios públicos una carga que ni el aparato investigativo del Estado es capaz de sorportar.

Contempla pena de prisión en caso de que notaricen actos sin verificar el origen lícito del dinero envuelto.

Al parecer los abogados que son senadores estaban tan interesados en ponérsela fácil a los riferos que no cayeron en la cuenta de que ese proyecto convierte la notaría en una función de alto riesgo.

Parece que los notarios tendrán que abrir su propio DNI.