SANTO DOMINGO.- La Compañía de Jesús en la República Dominicana consideró que la extensión de un año a la vigencia de los permisos de regularización a extranjeros supone una nueva oportunidad para corregir los errores pasados y avanzar hacia el fortalecimiento del marco institucional dentro del cual se desarrolla la política migratoria en el país.
Indicó que, al hacer un balance del Plan Nacional de Regularización de Extranjeros (PNRE) se debe reconocer que éste ha cumplido parcialmente sus objetivos, pero todavía son muchas las tareas que quedan pendientes.
Por este motivo, insistió en el hecho de que la prórroga de renovación dada por el Consejo Nacional de Migración tiene que venir acompañada de un proceso claro y que elimine las trabas y debilidades que incidieron de manera negativa en el PNRE, y que hicieron menos posible su calificación de éxito rotundo.
«Estas trabas y dificultades deberán ser corregidas en los meses venideros, con el reglamento que la Dirección General de Migración deberá elaborar», sostuvo.
Recordó que al Plan de Regularización se inscribieron 288,466 personas de los 524,632 extranjeros que había en el país según los datos de ENI 2012. De ellos, solo 242,404 consiguieron regularizar su estatus migratorio, y solo 8,915 personas pudieron completar su expediente con todos los requisitos exigidos en el Plan (apenas el 3.09%).
«Estos datos nos hacen ver que los requisitos pedidos para la regularización migratoria no eran factibles para la gran mayoría de los extranjeros que residen y aportan su mano de obra en el país. La falta de información a la población inmigrante, la gran cantidad de documentos que se les solicitaba (referencias comerciales con RNC, contrato de alquiler de vivienda, certificación de nómina expedida por el Ministerio de Trabajo, cuenta bancaria, actos notariales, etc), el alto costo de los mismos y la dificultad para poder obtener algunos de ellos, junto con
los escasos niveles de colaboración entre las administraciones públicas y las trabas administrativas, hicieron que gran parte de los objetivos que se perseguían con el Plan de Regularización quedaran sin conseguir», expresó .
Resaltó que el 15% de las personas que se inscribieron en el Plan (43,119) no tenían un documento de identidad, por lo que instó al Gobierno de Haití a documentar a sus nacionales para que puedan acogerse a los procesos y garantizar su bienestar.
Advirtió que mantener las situaciones anteriormente expuestas en este próximo proceso de renovación de los
permisos podría dar lugar a un fracaso en los objetivos de la regularización migratoria, dando al traste con todos los esfuerzos económicos, administrativos y políticos invertidos durante estos cuatro años.
«Desde los primeros meses de este año 2017 hemos visto un gran incremento en la detención y deportación de la población inmigrante en el país, y constatamos nuevamente que no se están desarrollando pautas
para la eficacia del derecho fundamental a un debido proceso en el marco de las deportaciones. Como consecuencia, permanecen aún algunas discrecionalidades y arbitrariedades en estas situaciones», enfatizó.
Propone que el procedimiento con relación a los procesos de deportación sea complementado con las pautas siguientes: cada persona sujeta a deportación debe tener un expediente individual, todo elemento procedimental ha de ser agotado de manera igualmente individualizada, evitar la separación de familias nucleares, adoptar medidas concretas para hacer acompañar a los expulsados de sus efectos personales, que la entrega de la persona a las autoridades del Estado de origen sea en condiciones que no afecten su dignidad e instar al Gobierno de Haití a que ejerza su función consular y preste asistencia humanitaria a las personas deportadas para lograr la reinserción en su lugar de origen.
Sostuvo que los datos objetivos de la realidad migratoria del país y de los logros alcanzados hasta el momento en la regularización de las personas extranjeras, demuestran que se hace necesario reactivar y fortalecer los canales de colaboración entre el Estado y la sociedad civil, para introducir mejoras en la normativa y promover que la
misma se convierta en un instrumento más eficaz y humano.
Igualmente, hizo un llamado a las autoridades de República Dominicana para evitar la instrumentalización del tema migratorio como un arma de demagogia política, ya que la manipulación de este tema afecta los derechos y la dignidad de las personas migrantes y daña las dinámicas sociales, comerciales, y culturales entre Haití y República
Dominicana.
«Por este motivo, instamos al gobierno y las autoridades dominicanas a volver a las líneas básicas de la Convención Interamericana Contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia y a la Estrategia Nacional de Desarrollo que establece la necesidad de estructurar un modelo de gestión de las migraciones que parta de una visión del desarrollo conforme al interés general y que integre además la perspectiva de derechos humanos», concluyó.