Viernes, 20 de julio, 2018 | 2:17 pm

Los Jesuitas afirman en prórroga permisos a extranjeros se deben eliminar trabas

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SANTO DOMINGO.- La Compañía de Jesús en la República Dominicana consideró que la extensión de un año a la vigencia de los permisos de regularización a extranjeros supone una nueva oportunidad para corregir   los errores pasados y avanzar hacia el fortalecimiento del marco  institucional dentro del cual se desarrolla la política migratoria en  el país.

Indicó que, al hacer un balance del Plan Nacional de Regularización   de Extranjeros (PNRE) se debe reconocer que éste ha cumplido   parcialmente sus objetivos, pero todavía son muchas las tareas que  quedan pendientes.

Por este motivo, insistió  en el hecho de que la   prórroga de renovación dada por el Consejo Nacional de Migración tiene   que venir acompañada de un proceso claro y que elimine las trabas y  debilidades que incidieron de manera negativa en el PNRE, y que   hicieron menos posible su calificación de éxito rotundo.

“Estas trabas  y dificultades deberán ser corregidas en los meses venideros, con el  reglamento que la Dirección General de Migración deberá elaborar”, sostuvo.

Recordó que al Plan de Regularización se inscribieron 288,466 personas de los   524,632 extranjeros que había en el país según los datos de ENI 2012.  De ellos, solo 242,404 consiguieron regularizar su estatus migratorio,   y solo 8,915 personas pudieron completar su expediente con todos los   requisitos exigidos en el Plan (apenas el 3.09%).

“Estos datos nos   hacen ver que los requisitos pedidos para la regularización migratoria  no eran factibles para la gran  mayoría de los extranjeros que residen   y aportan su mano de obra en el país. La falta de información a la  población inmigrante, la gran cantidad de documentos que se les  solicitaba (referencias comerciales con RNC, contrato de alquiler de   vivienda, certificación de nómina expedida por el Ministerio de  Trabajo, cuenta bancaria, actos notariales, etc), el alto costo de los   mismos y la dificultad para poder obtener algunos de ellos, junto con  
los escasos niveles de colaboración entre las administraciones   públicas y las trabas administrativas, hicieron que gran parte de los   objetivos que se perseguían con el Plan de Regularización quedaran sin   conseguir”, expresó .

Resaltó  que el 15% de las  personas que se inscribieron en el Plan (43,119) no tenían un  documento de identidad, por lo que  instó  al Gobierno  de Haití a documentar a sus nacionales para que puedan acogerse a los  procesos y garantizar su bienestar.

Advirtió que mantener las situaciones  anteriormente expuestas en este próximo proceso de renovación de los 
permisos podría dar lugar a un fracaso en los objetivos de la  regularización migratoria, dando al traste con todos los esfuerzos  económicos, administrativos y políticos invertidos durante estos  cuatro años.

“Desde los primeros meses de este año 2017 hemos visto un gran  incremento en la detención y deportación de la población inmigrante en el país, y constatamos nuevamente que no se están desarrollando pautas  
para la eficacia del derecho fundamental a un debido proceso en el  marco de las deportaciones. Como consecuencia, permanecen aún algunas   discrecionalidades y arbitrariedades en estas situaciones”, enfatizó.

Propone  que el procedimiento con relación a los procesos  de deportación sea  complementado con las pautas siguientes: cada  persona sujeta a deportación debe tener un expediente individual, todo  elemento procedimental ha de ser agotado de manera igualmente  individualizada, evitar la separación de familias nucleares, adoptar  medidas concretas para hacer acompañar a los expulsados de sus efectos  personales, que la entrega de la persona a las autoridades del Estado  de origen sea en condiciones que no afecten su dignidad e instar al  Gobierno de Haití a que ejerza su función consular y preste asistencia  humanitaria a las personas deportadas para lograr la reinserción en su  lugar de origen.

Sostuvo que los datos objetivos de la realidad migratoria del país y de los logros  alcanzados hasta el momento en la regularización de las personas  extranjeras,  demuestran que se hace necesario reactivar y  fortalecer los canales de colaboración entre el Estado y la sociedad  civil, para introducir mejoras en la normativa y  promover que la  
misma se convierta en un instrumento más eficaz y humano.

Igualmente, hizo un llamado a las autoridades de República Dominicana  para evitar la instrumentalización  del tema migratorio como un arma   de demagogia política, ya que la manipulación de este tema afecta los  derechos y la dignidad de las personas migrantes y daña las dinámicas  sociales, comerciales, y culturales entre Haití y República  
Dominicana.

“Por este motivo, instamos al gobierno y las autoridades   dominicanas a volver a las líneas básicas de la Convención   Interamericana Contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas  Conexas de Intolerancia y a la Estrategia Nacional de Desarrollo que  establece la necesidad de estructurar un modelo de gestión de las  migraciones que parta de una visión del desarrollo conforme al interés  general y que integre además la perspectiva de derechos humanos”, concluyó.