En los últimos años hemos visto desde el Poder Ejecutivo acciones contra personas vinculadas a actos de corrupción, pero la sangre no termina de llegar al río.

Pareciera que nuestro sistema judicial (leyes, jueces y Ministerio Público) se mueve cargando un pesado lastre cuando se trata de hechos en que se ven envueltos políticos.

Resulta en extremo difícil sanciones reales para los políticos involucrados en casos de corrupción.

Se han tomado decisiones importantes para prevenir la corrupción y han sido procesados acusados de delitos, pero no terminamos de ver el puntillazo final en esos procesos.

Eso genera en la población un válido sentimiento de que la impunidad se impone cuando son casos de corrupción. También les quita el miedo a funcionarios de actuar al margen de la ley y las normas éticas.

La auditoría a la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA) refleja un descontrol inimaginable en el manejo financiero de esa entidad.

Es como si hubieran entendido que ninguna de sus acciones traería consecuencias.

La aplicación de las sanciones en cada hecho son disuasivos para el futuro.

Este caso tiene varias aristas, pero esperamos que todas se despejen con rapidez.