Los representantes de la casi totalidad de los partidos políticos se han mostrado como lo que son al “exigirle” a la Junta Central Electoral que desconozca una disposición constitucional expresa de ordenar la distribución de diputados conforme a la presión demográfica.

Pedir que “deje para luego” cae en la categoría de desverguenza y aberración.

Resulta que por conveniencias de negociaciones políticas (o repartición de la piñata estatal) los partidos políticos “reclaman” a Junta Central Electoral que ignore una instrucción que de manera expresa contiene nuestra Constitución.

En otras palabras, según el razonamiento de esos señores la Constitución es de cumplimiento acomodaticio, de coyuntura.

Incluso, se ha llegado a hablar de “palo acechao”, lo que implica además que esos políticos, que son legisladores y que hasta fueron importantes miembros de la Asamblea Nacional que aprobó la Constitución vigente, reconocen el desconocimiento de la Carta Magna.

Pero también revela que aceptarían la ruptura del orden constitucional si fuera de su conveniencia.

Se han mostrado como mercaderes de la política y potenciales estupradores constitucionales.

Hace bien la Junta Central Electoral en ajustar sus decisiones al mandato constitucional. Apegarse al cumplimiento de las leyes es la mejor forma de justificarse frente a la población.