La Cámara de Diputados ha sido el escenario de un debate que se ha irradiado a nivel nacional en torno a una resolución que procura el cumplimiento de la Ley 44-00, que establece la lectura de una porción del contenido de la Biblia en los centros educativos.

La promulgación de la referida legislación data de hace 18 años, la cual también manda la instrucción bíblica por lo menos una vez a la semana, con programas y métodos de enseñanza propuestos por la Conferencia del Episcopado Dominicano y la Conferencia Dominicana de Unidad Evangélica (Codue).

La Constitución de la República consagra la libertad de conciencia y de cultos, señalando al Estado como el garante de ese precepto, con sujeción al orden público y a las buenas costumbres.

Las opiniones sobre el tema han estado divididas en sectores políticos, religiosos y de otros ámbitos. Muchas son las aristas detrás del debate, incluyendo la debilidad institucional del país, los afanes de montarse en olas mediáticas e hipocresías de parte de diversos actores sociales.

Una primera mirada radica en que resulta inverosímil que una legislación que lleva casi dos décadas de publicada en la Gaceta Oficial, aun no esté en vigencia y, peor, que se tenga de recurrir a una resolución de un órgano legislativo para reclamar su cumplimiento. Esto desnuda la institucionalidad democrática del país.

Visto lo anterior, una pregunta obligada sería, ¿cuál es el peligro de leer la Biblia en las escuelas? Desde mi punto de vista, ninguno, en una sociedad en la que se reiteran planteamientos de que va en decadencia debido a la pérdida de valores en la familia y la escuela.

Sin duda, hipócritas se han montado en olas mediáticas bajo el argumento de que viola la Constitución de la República imponer la lectura mediante una ley; y para ello han aprovechado, fundamentalmente, las redes sociales, plataformas de bajísima credibilidad a nivel planetario.

Los alegatos de congresistas y de otros sectores de que la Ley 44-00 colide con la Constitución es discutible, dada la realidad de que el Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucionales numerosos artículos de legislaciones que se mantuvieron en vigencia por décadas.

El ejemplo más palpable lo constituye la Ley 6132 sobre Expresión y Difusión del Pensamiento, de 1962, de la cual se declararon inconstitucionales varios de sus artículos.

Llama a la atención de que ningún congresista ni dirigente político se haya alarmado con la opinión de la Junta Central Electoral (JCE) cuando dejó abierta la posibilidad de que la nueva Ley de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticas sea inconstitucional en virtud de que fijaría más requisitos de los establecidos en la Constitución para los aspirantes a puestos electivos.

Entonces, volvamos a una nueva pregunta, ¿qué sería más perjudicial para el futuro de la sociedad dominicana, una declaratoria de inconstitucionalidad de de la Ley 33-18 o de la Ley 44-00?

La respuesta no es difícil porque, indiscutiblemente, la inconstitucionalidad de la Ley de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos traería mayores inconvenientes al desenvolvimiento social.

Pero no, los hipócritas y buscadores de “likes” en medios de comunicación y redes sociales prefieren hacerse los “graciosos”, poniéndose en escena con temas novedosos, de que esos que convocan a los denominados “hechos emocionales”.

Hay que dejarse de hipocresías. La enseñanza de la Biblia no resta, sino que suma a un colectivo nacional que requiere repensarse en términos axiológicos, ya que materia de valores éticos y morales hace tiempo que viene obteniendo bajas calificaciones.