El debate sobre las tres causales de despenalización del aborto ha sacado a flote una serie de confusiones y lugares comunes que lo entorpecen. Entre los primeros y más importantes está el convencimiento de muchos de que lo discutido es el aborto libre. No es el caso. Lo que se plantea es que el aborto no esté sancionado en tres casos particulares: cuando peligre la vida o la salud de la madre, cuando el embarazo sea producto de una violación o incesto y cuando el feto tenga malformaciones incompatibles con la vida.

Lo anterior dista mucho del aborto libre. La propuesta solo haría posible el aborto en situaciones particularmente extremas y, además, sería una opción y no una obligación de la mujer. Tampoco nadie podría obligarla a interrumpir el embarazo, incluso, si se encuentran presente una o más de las causales.

El segundo problema es la confusión entre moral y derecho. Aunque ambos procuran ordenar la conducta humana, operan en ámbitos muy distintos. La moral consigue influir en los actos de la persona cuando le produce malestar por no estar a la altura de estándares de comportamiento que se ha propuesto respetar. Es decir, trabaja desde el ámbito íntimo. Cuando las sanciones morales son sociales, se manifiestan en la pérdida de reputación frente a los demás.

Las sanciones jurídicas son distintas, porque implican una sanción impuesta por factores externos a la persona, que se cumple en contra de la voluntad de esta. Si es necesario, con la intervención de las fuerzas del orden público.

Durante muchos siglos las sanciones morales y las jurídicas estuvieron casi indisolublemente ligadas. El surgimiento del estado de Derecho democrático cambió esto para siempre. Si bien es cierto que en ocasiones coinciden en las conductas castigadas, se reconoce siempre que las sanciones morales y las sanciones jurídicas son cosas distintas y distantes. La consecuencia ineludible es que las concepciones morales o religiosas de una persona o un grupo de personas no pueden ser impuestas mediante los castigos que administra el Estado. Esto es exactamente lo que se hacía en tiempos de la Inquisición.

Con la propuesta de aprobación de las tres causales se busca que la mujer embarazada no se vea atrapada en el trance descrito. Que pueda decidir si interrumpe o no el embarazo, conforme su propio régimen moral, y no que le impongan una “solución”. Es una decisión que debe tomar ella con la asesoría de su médico; no pueden tomarla en su lugar fiscales, jueces ni policías.