Dentro de poco tiempo veremos a nuestros campesinos y al resto de nuestros productores del campo,  imposibilitados de poder usar sus propias semillas de una manera libre y gratuita,  si se llega a aprobar en la Cámara de Diputados (ya fue aprobado en el Senado) un proyecto de ley, sometido por el senador y empresario  agroquímico Amílcar Romero, el cual regularía la producción, el uso y la comercialización de las semillas de producción agrícola.

La JAD (Junta Agroempresarial Dominicana) y una agrupación que lleva por nombre ASOSEMILLA (Asociación de semilleristas de la Rep. Dom.) han respaldado al senador Romero en este proyecto, en tanto que grupos de defensa campesina como la ANC (Articulación Nacional Campesina), Confenagro, Vía Campesina, Economía Solidaria, el Foro Ciudadano y la UASD, han manifestado su rechazo al mismo por considerarlo lesivo a los intereses de la inmensa mayoría de los campesinos Dominicanos y a nuestra soberanía alimentaria.

La razón fundamental de este proyecto es  la privatización y apropiación de las semillas por parte del  capital transnacional y sus representantes en el país.  Las compañías agroquímicas  obtendrían grandes beneficios extraordinarios de este negocio,  ya que las nuevas semillas vienen siempre ligadas a un paquete tecnológico que exige un mayor consumo  de productos agroquímicos (abonos, fertilizantes, pesticidas etc.).  El propio senador Romero, está vinculado a este sector empresarial, siendo   actualmente vicepresidente de FERQUIDO, una de las dos empresas agroquímicas más importantes del país, la otra es FERSAN.

Otra muy grave implicación de esta ley es la introducción al país de organismos genéticamente modificado OGM (los llamados transgénicos) cuyos efectos a largo plazo en la salud de los humanos no han sido totalmente comprobados, y ya que en el país no existe ninguna legislación en la materia, estos productos ingresarían al territorio nacional sin ningún tipo de restricciones.  Se ha comprobado también que de llegarse a usar este tipo de semillas, se pondrían en peligro nuestras exportaciones a Europa, donde existen múltiples barreras a la entrada de productos transgénicos.

Pero las peores consecuencias recaerían sobre los pequeños y medianos productores agrícolas (Según el Banco Mundial más del 80% del campesinado posee  menos de 100 tareas)muchos de  los cuales se verían obligados a abandonar la producción, ya que no podrán competir  en el mercado, a causa  del impacto en los costes de producción, asociados a la compra de semillas y  agroquímicos, con el agravante de no poder usar su propia semilla, como era la costumbre, so pena de de ser apresados y sometidos a la justicia (ver art. 86 de dicho anteproyecto).

El proyecto contempla la creación de una agencia estatal, la ONASE (oficina nacional de semillas), la que tendría como objetivo la fiscalización y supervisión de la producción y comercialización de las semillas, así como de la certificación y el uso de las mismas.

Todos y cada uno de los actores participantes en cualquiera de estos procesos deberán de estar registrados en esta oficina.  Para tales fines se crearan 10 registros y en la opinión de el Observatorio político Dominicano (OPD)  ´´De todos los registros mencionados, el registro nacional de variedades (art. 13), es el más importante. Este registro (…) seria el instrumento primario de control y fiscalización de los recursos genéticos en el país.  Solo las semillas… (registradas)* podrán comercializarse y certificarse«. (‘’Ley Nacional de Semillas y sus Implicaciones«, OPD 2014)

Para entrar en el registro, todo cultivo deberá cumplir con ciertos criterios conocidos como DUE (Distinción, Uniformidad y Estabilidad).

Considerado como el ´´colador«del proyecto, el articulo del OPD ,a propósito de esto, indica que ´´Al margen de la idoneidad agronómica de los criterios DUE es obvio que en su formulación actual estos no permitirían el registro de las variedades utilizadas por los campesinos Dominicanos, que reciclan y procesan sus propias semillas, pues no son homogéneas y distintas«, y en todo caso en que la ONASE, en su función de fiscalizador, detecte el uso de semillas que no cumplan los requisitos de la ley por parte de algún productor, en cualquiera de las fases del proceso, tendrá el derecho de confiscar y disponer de ese material para consumo o su destrucción a cuenta del propietario.  Pero la ley va mas allá y tal y como lo indica el OPD en su análisis ‘’También se contemplan en el art. 86 sanciones penales para los productores de semillas que no cumplan las características requeridas por la ley(…) Un campesino que decida intercambiar con un vecino semillas no registradas producto de sus terrenos estará violando las disposiciones de la ONASE y puede incurrir en sanciones civiles y penales, que van desde multas que pueden llegar a 250 salarios mínimos del sector privado hasta un máximo de dos años en prisión«.

Ya en Colombia se produjo un caso de violencia estatal con la llamada resolución 970, que regula las semillas, donde el gobierno Colombiano decomisó y destruyó toneladas de semillas de arroz bajo el argumento de que eran muy parecidas a una variedad certificada privatizada.  Esta acción provocó una gran indignación en el seno del campesinado, el cual se manifestó pacíficamente en contra de la medida pero al final fueron  reprimidos por la policía de ese país.

De esta manera,  lo que en efecto  estamos observando, no es más que otra manifestación del carácter neoliberal del modelo económico dominicano, cuyas políticas  solamente operan en beneficio de los grandes capitales (agro empresariales en este caso) cuyos intereses provocan la exclusión de miles de pequeños y medianos productores, generando condiciones  monopólicas y oligopólicas que finalmente incrementan los niveles de desigualdad social existentes.

*nota del autor