El 15 de diciembre de 2013 se inicio la construcción de la central termoeléctrica en Punta Catalina (TPC), que albergará dos plantas a carbón de 384.9 megavatios cada una.

Previamente se había realizado una licitación pública cuyos resultados fueron muy cuestionados, en vista de haberse presentado propuestas de menor costo, dando con ello origen a una serie de rumores (que aun no cesan) acerca de una posible sobrevaluación, que algunos han llegado estimar hasta en US$600 millones.

La idea central detrás de la construcción de estas dos plantas eléctricas parece haber seguido una estrategia de triple resultado: la primera consistía en lograr un aumento de la capacidad instalada en el país como medio de paliar la continúa crisis de suministro eléctrico.

La segunda era abaratar la matriz eléctrica, introduciendo el carbón como el combustible primario de mayor importancia.

La tercera crear las condiciones de una energía base en manos del estado para la venidera negociación de los famosos contratos derivados del Acuerdo de Madrid.

Desde un principio, y en diversos artículos y comparecencias públicas, este escribidor ha propuesto que todo el proceso de las TPC se hubiese realizado bajo la figura de una fideicomiso, con veeduría nacional e internacional, de manera que a su conclusión y puesta en marcha, la propiedad del mismo pasara a cotizarse en el mercado de valores nacionales, vía Bolsa, con costos transparentes, y un operador reputado, concesión también otorgable bajo licitación diáfana.

Hoy día el Conep (empresarios) reitera la posición de uno de sus miembros, la ADIE (generadores), en cuanto que en un plazo determinado la propiedad y operación de las plantas a carbón de Punta Catalina pase a manos privadas, sin aun esclarecer si dicha operación debería recaer o no en manos de uno de los actores actuales del escenario nacional de generación.