Si partimos de su nombre, la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado tiene una función muy definida, pero en la práctica ha sido mucho más que eso y de ahí que se haya convertido en piedra de escándalo en todos los gobiernos.

Si la misión de esta entidad es supervisar las obras públicas, nada tendría que ver en lo relativo a desembolsos ni asignaciones de obras.

Se debe limitar a entregar a la entidad correspondiente, que debe ser el Ministerio de Obras Públicas, sus respectivos informes de manera rutinaria sobre el estado de las obras públicas o su nivel de ejecución.

Pareciera muy simple.
Para las entidades responsables de la construcción de obras públicas debe ser siempre motivo de sospecha que un contratista que haya reportado haber concluido una fase de la construcción dure meses sin que se le tramite el expediente.

Simple, hay que suponer que algo anda mal si un ingeniero le comunica al Ministerio de Obras Públicas que concluyó una fase y pasan varios meses sin que esa institución reciba las cubicaciones por parte de la Oisoe.

Más aún, ¿cómo se explica que esa oficina tuviera tanta incidencia para decidir a quién el Ministerio de Educación le pagaba una cubicación de una obra pública?

Ese trompo esta bien enredado, pues a la Oisoe le dieron todas las competencias para que construyera la estructura mafiosa que fue develada por el suicidio de un arquitecto.
Ahí se debe corregir de inmediato lo que está mal.