Cada año se escucha el mismo grito. Nadie está satisfecho con la asignación en el Presupuesto del próximo año.
Los recursos proyectados y entregados por el Poder Ejecutivo no llenan las expectativas de los incumbentes.

El grito viene de instituciones centrales y descentralizadas del Gobierno.

También desde los cabildos se escuchan voces sobre la insuficiencia de lo presupuestado para cumplir con sus obligaciones municipales.

Es el mismo clamor de siempre, muchas veces con voces diferentes.

De los más de 814 mil millones de pesos del Presupuesto de 2018, más del 75 por ciento está destinado a cumplir obligaciones ya previstas por el Gobierno.

Es decir, que las autoridades desde ya están atadas de manos, con una mayor carga al pago de la deuda externa y de la nómina de todo el tren gubernamental.

Ni los diputados quieren ser tocados con un límite en las exoneraciones de vehículos que les son otorgadas. Sin embargo, para nadie es un secreto que los ayuntamientos urgen por una mayor partida de fondos, al igual que la Cámara de Cuentas, a fin de ejercer una efectiva labor en la fiscalización del uso de los fondos públicos.

Pero no existe ninguna posibilidad de que el Presupuesto sea aprobado diferente a como fue enviado por el Poder Ejecutivo. Nunca se ha hecho, y ahora no será la excepción.