Al mismo tiempo que reconoce el derecho al debido proceso, la Constitución dominicana instituye el derecho a “la tutela judicial efectiva”, entendida esta como el derecho de cada persona a contar como árbitro de los procesos de los que forma parte con un juez imparcial que haga cumplir las reglas del debido proceso.

Es decir, y en términos estrictos, la tutela judicial efectiva garantiza que el debido proceso será efectivamente aplicado en todos los procesos judiciales.

En esto radica la diferencia entre el debido proceso y la tutela judicial efectiva. El artículo 69.10 constitucional afirma que “Las normas del debido proceso se aplicarán a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas”.

El debido proceso aplica por tanto en contextos que no requieren de un juez, como por ejemplo en la relación de los ciudadanos con la Administración Pública y, en algunas ocasiones, las relaciones entre particulares.

Una vez que el ciudadano acude a los tribunales buscando garantizar sus derechos, la tutela judicial efectiva es consustancial al debido proceso.

Es por eso que el Tribunal Constitucional define la tutela judicial efectiva como “un derecho fundamental que pretende el cumplimiento de una serie de garantías que permitan a las partes envueltas en un litigio sentir que se encuentran en un proceso en el que las reglas del juego son limpias.

En esencia, estas garantías pueden ser agrupadas en las siguientes: la imparcialidad del juez o persona que decide, publicidad del proceso, posibilidad de asistencia de abogado, prohibición de las dilaciones indebidas y utilización de los medios de prueba disponibles” (sentencia TC/0535/15).

Todas las garantías que el Tribunal Constitucional relaciona con el debido proceso en el texto citado requieren de un juez que las haga efectivas. Es al juez a quien corresponde verificar que las personas cuenten con representación adecuada, y asegurar que el proceso se lleve a cabo con las reglas de publicidad legalmente previstas.

Asimismo, le corresponde evitar que los retrasos reiterados en el conocimiento de la causa provoquen que la sentencia carezca de interés para las partes cuando sea finalmente emitida.

Además, el juez debe evitar que alguna de las partes abuse de sus derechos procesales en perjuicio de la otra.

En pocas palabras, el deber fundamental de todo juez es garantizar los derechos de los ciudadanos que acuden a su tribunal en defensa de sus derechos.