En la “lucha” contra la minería existe una convergencia digna de estudio desde la sociología, la antropología, la filosofía y la política, esta última vista como ciencia y no como ola en la que se montan el populismo, el extremismo, el conservadurismo y hasta el profetismo delirante.

Los pueblos tienen derecho a decidir sobre su territorio –obviamente sin romper el contrato social que se sintetiza en las leyes- así como a labrar su presente y su futuro productivo seleccionando el tipo de actividad económica deseada.

Bajo esa premisa, es respetable la expresión lapidaria de Antonio Isa Conde, ministro de Energía y Minas, cuando ha dicho: “Si San Juan no quiere mina, no debe haber mina”, en alusión a quienes objetan una propuesta de resolución originada en el rigor técnico y legal sobre la explotación del proyecto Romero.

Como sanjuanero neto observo con detenimiento y espanto el variopinto conglomerado de entes que se pronuncian sobre el tema, integrado por grupos eclesiales, oenegés, periodistas, izquierdistas, ambientalistas, opinadores radiofónicos, legisladores descarados, activistas agrícolas y otras yerbas.

A esa convergencia –que está en su derecho de subirse a la pasarela en busca de visibilidad política, de clientelas y hasta de dar “un manotazo” para monetizar sus intenciones- nunca jamás la he visto unida para defender a mi pueblo de los grandes males histórico que padece.

En San Juan hace mucho que la producción agrícola se fue al carajo, fuentes de aguas que disfrutábamos en nuestra niñez desaparecieron o están convertidas en muladares, la tala carbonera indiscriminada parece indetenible, la urbe se extiende sin soluciones sanitarias y con impacto terrible en el subsuelo y en las aguas subterráneas.

En fin, estamos ante una provincia nominalmente ecológica, pero sin buena conducta ambiental ni ordenamiento territorial, que solo existe en la sana memoria de mi querido obispo José Dolores Grullón Estrella como reflejo de lo que fue y que ya no es.

Sin dudas que este frente anti minero –que puede tener su razón de ser en la desconfianza creada por los políticos en la industria extractiva- es una verdadera trulla de farsantes que nunca ha dado la cara por San Juan.