Muchos lectores habrán escuchado que el sistema de pensiones impuesto en República Dominicana se instituyó en varias partes del mundo, y que los motivos principales fueron: 1) el envejecimiento de la población, y 2) una cantidad baja de cotizantes para una gran cantidad de beneficiarios. Supuestamente, ambas situaciones harían insostenible financieramente un sistema público y solidario, y solo era viable un sistema privado de capitalización individual.

En efecto -como explicamos en nuestro informe de 2016- 23 países realizaron algún tipo de privatización en su sistema de pensiones: 13 de ellos en América Latina y 10 en Europa. Los países de nuestra región que sustituyeron el sistema público por uno completamente privado (o casi) fueron Chile (1981, bajo la tiranía de Pinochet), Bolivia y México (1997), El Salvador (1998), República Dominicana (2003) y Nicaragua (2004). Colombia, Perú, Argentina y Uruguay, con variantes, también se sumaron.

Las consignas que hoy se esgrimen para defender el modelo, son prácticamente calcadas de las que se usaron entonces. En medio de crisis fiscales o económicas, se aprovecharon necesidades de préstamos de los Estados o calificaciones de organismos internacionales. Además, se pronosticó un apocalipsis demográfico, anunciando que en poco tiempo todos seríamos ancianos y los sistemas de reparto no darían abasto.

En el ámbito del empleo, la reducción de la razón ocupados/jubilados se achacó al aumento de los envejecientes en comparación con los jóvenes, o al efecto indeseado de la robotización.

En realidad, fue el resultado de políticas económicas neoliberales que provocaron la destrucción de empleos y la precarización del trabajo en todo el globo, además de mermar los ingresos de los Estados para el gasto social.

Resaltaron los gastos de los sistemas de reparto, en lugar de cuestionar porqué bajaban sus ingresos. En vez de hablar de un aumento fabuloso de la natalidad y la esperanza de vida, usaron el caso de muy pocos países para fundamentar el supuesto “envejecimiento” catastrófico.

El objetivo era propio de la ola neoliberal: reducir derechos laborales y sociales, achicar el ámbito público y estatal, aumentar la ganancia y poderío de la industria financiera, convertir los bolsillos de la gente y los recursos públicos en fuentes de negocio y lucro empresarial.

Para lograrlo, trabajaron con mitos y falsos problemas, que el premio Nobel Joseph Stiglitz y Peter Orszag han señalado muy bien. Instituyeron un falso consenso científico, con organismos y expertos buscados por ellos mismos, y colonizaron los medios pregonando “la buena nueva” de las AFP y la capitalización individual.

El Banco Mundial fue el encargado de oficializar la nueva ortodoxia, con su informe de 1994.

La capitalización individual vende el mito que “al menos yo tendré mi dinero” y que las AFP, por ser privadas, administran mejor y honestamente.

En realidad, son negocios bancarios. Si la cosa no funciona, hay que cargar con más costos a la gente.

Numerosa literatura demuestra que no han resuelto ningún problema relacionado con el aumento de la esperanza de vida ni con la destrucción de empleos e ingresos de la seguridad social.

Dan las peores pensiones en América Latina. Y hoy, de 154 países con sistema contributivo de pensiones, solo 9 tienen un sistema de contribución definida de capitalización individual; de estos, solo 1 permanece en estado puro: República Dominicana.