Desde que inicié esta columna la he usado para difundir las distintas formas en las que la Constitución defiende los derechos e intereses de los ciudadanos.

Para ello he insistido en la importancia del debido proceso como límite a las acciones de los jueces, las demás personas y la administración pública.

La única manera de hacer efectivos nuestros derechos es reclamarlos y, en caso de violación, acudir a los tribunales para hacerlos valer.

Lamentablemente, esto no siempre es suficiente.

Soy testigo excepcional de esta situación porque se produce en un caso en el que actúo como abogado.

A principios de este año, Asonahores acudió al Tribunal Superior Administrativo para solicitar un proceder ilícito de ProConsumidor.

Esta institución se dio a la tarea de sancionar a restaurantes por actuar conforme el mandato del Código de Trabajo sobre el cargo de 10 % de propina obligatoria en beneficio de sus empleados.

En julio se solicitó a ese mismo Tribunal suspender el proceder de ProConsumidor hasta que el fondo del caso sea decidido.

El Tribunal acogió parcialmente la solicitud de Asonahores y mediante una sentencia del 26 de julio resolvió que el 10 % podía cobrarse para servicio a domicilio hasta tanto se tome una decisión final.

En lugar de acatar la sentencia, ProConsumidor ha continuado desinformando a los ciudadanos a través de las redes sociales y estimulándolos a interponer denuncias por el cargo del 10 % en el servicio a domicilio.

Esto es una violación a la ley y un desacato serio a una decisión clara de un tribunal.

Con este proceder,ProConsumidor viola tanto el principio de legalidad de la administración pública del art. 138 constitucional, como el derecho de los ciudadanos a que las sentencias de los tribunales se cumplan (sentencia TC/0359/15).

Los derechos de los ciudadanos solo se defienden fortaleciendo la institucionalidad democrática. Y esto implica reconocer y aceptar los fallos judiciales.

Al actuar como lo haceProConsumidor no solo incumple sus deberes legales, sino que sienta un peligroso precedente.

Los tribunales son la última línea de defensa de la ley y los derechos. Si las instituciones llamadas a defenderlos contravienen las sentencias, la desprotección de los ciudadanos será mayor que nunca antes.