Quienes dicen abogar por la institucionalidad del país están llamados a auspiciar que la Justicia actúe con libertad, solo apegada a la verdad y al derecho.

Las presiones previas a un juez son contrarias a ese predicamento, no importa lo bien intencionado que esté quien o quienes las motorizan.

El caso de los admitidos sobornos pagados por Odebrecht finalmente fue judicializado y están bajo arresto once personas esperando que se les dicte medida de coerción. Tres legisladores están en libertad porque disfrutan de inmunidad parlamentaria y otra persona está en el extranjero y se espera que se presente a atender el requerimiento judicial.

Los ojos de la ciudadanía estarán ahora sobre el juez que instruye el caso, quien tiene como misión fundamental actuar con rectitud, conforme al derecho y las pruebas puestas en sus manos.

Estamos en el inicio de un proceso histórico, porque entre los sometidos hay tres miembros del Comité Político del partido oficialista, el presidente del principal partido opositor, un ministro, dos senadores oficialistas, un diputado opositor, exlegisladores opositores, exfuncionarios de administraciones distintas, un empresario, un abogado.

El caso Odebrecht ha estremecido a la clase política dominicana.

Ahora le toca a la Justicia buscar la verdad y aplicar las leyes, pero para eso debe tener sosiego.

Cada imputado debe tener las condiciones idóneas para defenderse y el Ministerio Público debe emplearse a fondo para que los culpables paguen.

Ojalá el proceso en curso ayude a fortalecer nuestro sistema judicial.
La rueda está en movimiento.