Domingo, 14 de octubre, 2018 | 6:21 am

La revolución constitucional



El debate dominicano sobre el derecho y los derechos adolece de una tara grave. Por razones históricas, culturales, legales e ideológicas se ha impuesto una visión hiperformalista del derecho; la creencia de que es una especie de ciencia exacta. Por ello suele confundirse la aplicación mecánica de la ley con lo jurídicamente correcto.

A contracorriente de esta visión, la Constitución dominicana se ha ido imponiendo paulatinamente como fuente suprema del derecho. Esto implica una verdadera revolución en el ordenamiento jurídico.

La razón es simple: la lógica constitucional escapa a las limitaciones que impone la ley. Siguiendo a Zagrebelksy, podemos decir que la Constitución no sólo contiene normas; también contiene principios y valores que determinan la interpretación y aplicación que se puede hacer de la ley.

Buen ejemplo de ello es que toda ley debe pasar por el filtro del principio de razonabilidad, lo que cambia el sentido del aforismo “la ley es dura, pero es la ley”.

Cuando su aplicación se hace teniendo en cuenta la Constitución, la ley dura pudiera aplicarse, pero la irrazonable no.

Esto significa un quiebre importante con el modelo anterior de razonamiento jurídico. Los principios y derechos constitucionalmente establecidos rigen la aplicación de la ley incluso en los casos en los que la ley misma no lo prevé así.

En otras palabras, la aplicación de la ley no sólo debe ser legalmente correcta, sino también constitucionalmente adecuada.

¿Qué significa esto? Significa que la ley no es ya un fin en sí misma, que ha quedado atrás la pretensión de Montesquieu que el juez sea sólo la bocina de esta.

Todo juez está obligado a sujetarse a la ley, sí. Pero al mismo tiempo debe ser consciente de que esa labor no es más la del silogismo árido, sino la de solucionar los conflictos usando las herramientas jurídicas sin olvidar que sus decisiones tienen consecuencias para personas reales y concretas.

Esto no es apartarse del derecho, sino asumir como bueno y válido lo que la Constitución manda.

El razonamiento jurídico ha dejado de ser el centro del debate, cediendo lugar a lo que importa: la gente y sus problemas.

Santo Tomás se alegraría de que por fin hayamos dejado de contar ángeles en las cabezas de los alfileres.

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