La remoción de funcionarios: medida necesaria

La remoción de funcionarios: medida necesaria

La remoción de funcionarios: medida necesaria

Soy de opinión que los gobernantes de turno en nuestro país deben tratar por todos los medios de promover la rotación anual de los funcionarios en sus respectivos cargos, llámense ministros o directores de las instituciones gubernamentales, para de un lado evitar la creación de “islas de poder” y, por l otro, que por la permanencia indefinida en un puesto se constituyan en figuras intocables.

Aunque necesariamente, la permanencia indefinida de un servidor público en un cargo podría traer como consecuencia que este maneje a su “antojo” la institución en que desempeña sus funciones, en detrimento de la imagen de dicha dependencia oficial y del Gobierno, y algo peor, de la eficiencia con que debe servir al ciudadano.

No es nuestra costumbre hacer leña del árbol caído, pero para muestra, como ejemplo, citamos el caso del relevado de sus funciones director ejecutivo del CEA, José Joaquín Domínguez Peña.

Cuando los funcionarios permanecen indefinidamente en un cargo, por lo regular actúan de manera medalaganaria, dejan de cumplir las funciones para las que fueron designados e incluso llegan al extremo de hacerse de la vista gorda y no cumplen con órdenes dadas por el Primer Ejecutivo de la nación.

Es lamentable poner de ejemplo al suspendido director del CEA, pero es el caso más grave de un funcionario que se ha manejado de conflicto en conflicto con ciudadanos que han adquirido solares, parcelas y grandes extensiones de terrenos.

Y precisamente las muertes ocurridas a mediados de febrero de los locutores en San Pedro de Macorís, a manos del señor José Rodríguez mientras laboraban en una estación de radio de esa ciudad, es una prueba fehaciente de la irresponsabilidad y la poca transparencia con que se maneja el CEA a través de su Inmobiliaria, también muestra los engaños y mañoserías que se les hacen a los adquirientes de sus propiedades.

Esos manejos turbios que dio el CEA a la venta de terrenos propiedad del Estado dominicano a particulares son una muestra de que el respeto a la propiedad pública y privada, en el caso de la tenencia de tierras, sigue siendo un problema grave en nuestro país.

Y pongo en el tapete el caso del CEA, porque esta institución, hasta en la gestión del señor Domínguez Peña, se constituyó en una retranca y un obstáculo para el proceso de titulación que lleva a cabo el presidente Danilo Medina de solares, casitas construidas en el campo en terrenos propiedad del Estado y de parcelas.

Incluso, recuerdo la reunión en la que participaron los ministros de Obras Públicas, de Agricultura y de la Presidencia, respectivamente.

Así como el entonces diputado Nelson Guillén, el senador Tommy Galán y el propio Domínguez Peña.

En esa reunión, llevada a cabo en marzo de 2014, en Daza Uno, en Hato Damas, San Cristóbal, cada uno de los funcionarios se comprometió con el Presidente a cumplir con su parte, no así el exdirector ejecutivo del CEA, que no llegó a ceder las parcelas 13 y la 1 que debe hacerlo Bienes Nacionales al IAD.

Pero este señor, con su actitud no solo contradijo una orden presidencial, sino la palabra empeñada del Presidente de titular a estos parceleros que cedieron sus tierras hace 18 años para la construcción de las presas de Jigüey y Aguacate.

Habría que ver qué otros líos dejó en Angelina, Puerto Plata, Bayaguana, Monte Plata, San Luis y Guerra.



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