El Ministerio Público ha creado una especie de terror colectivo al intervenir tres clínicas y cerrar dos de ellas sin dar ninguna explicación, en momentos en que se divulga como un rumor el rapto y asesinato de una niña para extraerle sus órganos con fines de traficarlos, lo cual ha sido calificado por los especialistas en la materia como una “fábula urbana”.

Hasta ayer las autoridades a cargo de la investigación no habían cumplido con un paso elemental, como es el de consultar al ente estatal calificado en materia de trasplante de órganos.

El Ministerio Público pudiera estar investigando el rapto y asesinato de una niña, pero con su accionar también está alimentando una teoría surgida a partir del testimonio de un imputado que en otra oportunidad ha sido sometido a la Justicia por violación de menores.

La Fiscalía ni la Procuraduría General de la República pueden alegar ahora “prudencia o sigilo en las investigaciones” para justificar su irresponsable silencio.

No hay mayor alharaca que la propiciada con el allanamiento simultáneo de tres clínicas y la intervención de áreas clínicamente sensibles.

Esa acción, que por su naturaleza y la afectación de profesionales de la salud y pacientes, incluyendo en estado de gravedad, es de carácter pública y por tanto requiere de una explicación a la población, porque de lo contrario estaría creando un estado de pánico que puede, incluso, llegar a afectar vidas.

El director del Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante (Incort) ha dicho que “no existe un solo caso en la historia de la humanidad de rapto criminal para extracción de órganos con fines de trasplante médico”.

El Ministerio Público se ha encargado de hacer que el mundo ponga su mirada sobre la República Dominicana, pues con su forma de actuar han alimentado la creencia popular de que ellos entienden que en el país existen los elementos para sospechar que se haya producido el primero.