Así como al terminar un año reflexionamos sobre lo ocurrido, el comienzo de otro es momento de pensar en qué metas deben alcanzarse.

En mi caso en particular, quiero tocar el tema de nunca acabar: el sistema de justicia.

Por lo general, cuando se habla de los cambios que deben producirse en el sistema de justicia suele hacerse mención de reformas con aire épico.

Esas que se anuncian en congresos internacionales y ante la prensa. Aunque los grandes pasos sean necesarios, para mejorar un sistema de justicia hay también que atender a las pequeñas cosas, a las rutinas.

Se puede hacer mucho por la calidad del sistema de justicia dominicano mirando hacia cuestiones que no requieren grandes reformas.

Entre ellas, tomar en cuenta a los empleados del Poder Judicial y las condiciones en que laboran.
Las secretarías de los tribunales son una pieza fundamental para la justicia dominicana. Su papel es administrar los expedientes y documentos que se reciben en un tribunal y, por lo tanto, son esenciales para su buen funcionamiento. Sin embargo, la mayor parte opera en condiciones impropias.

Quienes acudimos con frecuencia a estas secretarías conocemos sus precariedades y, lo que es peor, nos hemos visto afectados por ellas.

Por ejemplo, las dificultades materiales en que se desenvuelve el Tribunal Superior Administrativo son antológicas y universalmente conocidas, pese a que se trata de una instancia fundamental para la defensa de los administrados y el control de la administración.

Ese tribunal opera en una casa remodelada para agregarle una sala de audiencias (una sola) y áreas administrativas. La incomodidad del inmueble es proverbial.

Esto afecta seriamente las labores administrativas y jurisdiccionales del Tribunal, y aunque escapa a las manos del personal, este debe enfrentar la ira de usuarios insatisfechos.

Como dije antes, se trata solo de una muestra. Aunque sea tarde para influir sobre el presupuesto del Poder Judicial para 2018, no lo es para ir planificando soluciones que se exijan en el del año 2019.

Los ciudadanos y los empleados del Poder Judicial lo merecen.

El país lo necesita.