Hasta ahora no hay elementos tangibles que justifiquen arrojar dudas sobre el proceso electoral que organiza la Junta Central Electoral, por lo que resultan extrañas, o en el mejor de los casos incomprensibles, algunas actitudes de entidades e incluso de una que otra representación diplomática acreditada en el país.
Resulta difícil creer que las pretensiones de esas entidades sea que quien resulte ganador de las elecciones salga cuestionado o con niveles de “agradecimiento” que pongan a las próximas autoridades en posición desventajosa ante posibles presiones para lograr fines ulteriores.
Nos inclinamos en pensar que se trata de un exceso de celos o hasta de malquerencias.
Hasta el momento el proceso de organización de las elecciones ha transitado de manera eficiente y se avanza en la implementación de nuevas tecnologías.
Entre los dominicanos no hay mayores sobresaltos. Por el contrario, las encuestas destacan un alto nivel de confianza en el montaje de las elecciones.
La Junta Central Electoral, como cualquier entidad de interés público, debe estar bajo el escrutinio de la población, pero sin que esto se convierta en acoso o en necedad.
Igual, el proceso electoral debe estar bajo el escrutinio de observadores electorales, regidos por los reglamentos establecidos por las autoridades.
Tal como planteó la Fundación Institucionalidad y Justicia, hay que apostar al desarrollo institucional, pero eso no se logra mellando a las instituciones.
