Siempre he opinado que para salvaguardar la integridad de las partes en un proceso judicial mucho más si es penal, debe tenerse muy  en cuenta el hecho de dar a la prensa detalles del mismo en su fase o etapa de investigación para evitar la prejudicialización por parte de la opinión pública a veces mal informada y que podría condenar moralmente a una persona antes de comprobarse si es culpable o no.

Ha sido una costumbre muy cuestionable de las autoridades “filtrar” detalles de una investigación judicial en su primera etapa ya sea por populismo judicial, protagonismo o para condicionar de antemano la mentalidad del juzgador para que se vea compelido a condenar por el peso específico de la opinión pública.

Es así como vemos situaciones lamentables de espectáculos circenses en juicios de renombre como en los casos de corrupción que se tornan muy  mediáticos y que conllevan siempre un juicio paralelo por parte de la opinión pública, los medios y los creadores de opinión.

La presión social en los casos de juicios paralelos en la opinión pública es enorme, digno de ser estudiada como fenómeno sociológico del Derecho.  A menudo, decisiones contrarias a lo que piensa la opinión pública maleada ya por los medios provoca el rechazo a sentencias judiciales bien fundamentadas en Derecho, que descargan a un imputado.

Analizando el fenómeno de los juicios paralelos que hace la opinión pública, en una ocasión el juez de la de la Audiencia Nacional en España Javier Gómez Bermúdez hizo un certero análisis  cuando expresó:“el problema de base en los juicios paralelos es que sitúan en el mismo plano el proceso judicial y la información periodística”.  Es en este plano que la opinión pública puede ser gravosa y perjudicial ya que puede lesionar el honor y la dignidad de las personas, produciéndole daños irreparables de por vida aún cuando son absueltas.

En ocasiones también se filtran datos a periodistas investigadores para acorralar funcionarios que caen en desgracia o de los opositores que han salido de sus cargos.  Esto es muy común en países latinoamericanos. Regularmente en complicidad con los gobiernos esos periodistas tienen acceso a información privilegiada manipulada o no para condicionar a la opinión pública.

El caso es peor cuando en el caso de dictaduras o gobiernos de facto, se estigmatiza a los opositores publicitando proceso judiciales injustos y falsos.  En estas situaciones las condenas por lo regular ya están preestablecidas por el mismo sistema dictatorial, y entonces tal proceso se convierte en un show judicial sin ningún tipo de garantías.

Afortunadamente en varios países se ha avanzado en  materia de opinión pública, medios de comunicación y procesos judiciales con legislaciones claras y precisas sobre la conducción mediática de los casos, sin coartar la libertad de información pero sin lesionar la dignidad ni el honor de las personas como es el caso de España.

En nuestro país falta camino por recorrer, pero esperamos que dentro de algunos años tengamos autoridades judiciales conscientes del rol  que los medios de comunicación tienen en la opinión pública, y hagamos una legislación especial que regule ese ámbito.