Hasta época reciente cuando hablábamos de la lucha mejicana las conversaciones usualmente se referían a la lucha libre, aquella obra teatral que simulaba un pleito entre titanes disfrazados cual carnaval del 5 de mayo.

Hoy en día, la lucha mejicana se refiere a la titánica batalla que se quiere librar contra una corrupción rampante que amenaza con arrasar todos los valores de esa sociedad.

El diario español El País recién publicó una reseña de las medidas recientes anticorrupción dispuestas en Méjico, consistente en un entramado de leyes con la finalidad de detener y eventualmente erradicar esa práctica perversa, noticia poco difundida en nuestros medios.

Las bases de las nuevas normativas mejicanas tuvieron su origen en el movimiento “Tres de Tres”, conocido también como proyecto de ley general de responsabilidad administrativa.

Ello consiste en la obligatoriedad de que todo funcionario público, civil o militar, presente su declaración patrimonial, de intereses y fiscal, de manera periódica y publica.

Dicha propuesta legislativa establecía sanciones muy severas para servidores públicos violatorios, así como una lista negra de consulta obligatoria.

Los aspectos básicos del nuevo sistema nacional anticorrupción mejicano se basan en la misma declaración fiscal y de intereses, excluyendo data que afectaría la vida privada del declarante, según sea protegida constitucionalmente. Incluye la creación de un auditor independiente, así como de un tribunal especial con jurisdicción plena, capaz de imponer penas de hasta 18 años de prisión.

Con la promulgación de esta legislación, el gobierno del presidente Peña Nieto asume una postura que espera habrá de ser la piedra angular sobre la cual se medirá la eficacia de su gobierno, a sabiendas que su propia persona ha sido cuestionada en actividades inmobiliarias indelicadas. Veamos si por Méjico no se acumulen también más de dos mil declaraciones pendientes como recién divulgo EL DÍA existen en nuestro país al día de hoy.