L a libertad es el estado ideal de un imputado para ejecutar su defensa en los tribunales ante cualquier acusación.
El Código Procesal Penal establece las denominadas medidas de coerción como mecanismo para garantizar que este no eluda el proceso judicial.

El mismo Código Procesal Penal se cuida de establecer de manera explícita que la medida de coerción no es un castigo previo y que por tanto la prisión preventiva constituye una medida excepcional.

El caso de corrupción más grande del que tenga registro la historia dominicana ha sido el de los fraudes bancarios develados en 2013.

Los imputados llevaron sus procesos en libertad y los que finalmente fueron condenados cumplieron las penas impuestas.

Por tanto, mal se pudiera afirmar que un caso ha quedado impune solo porque los imputados no guarden prisión preventiva.

Hay motivos para estar alerta cuando se trata de procesos por casos de corrupción, como es el de los confesos pagos de sobornos por parte de Odebrecht para conseguir contratos con el Estado.

Pero el proceso aun está en curso.

Lo criticable es que miles de personas guarden prisión preventiva en desconocimiento de los principios antes señalados, poniendo de manifiesto que las garantías procesales sí tienen preferencias de clases sociales o políticas.

Nuestra judicatura lleva el gran lastre de no medir a todos con la misma vara.

El caso Odebrecht debe llegar hasta el final, procesando a todos los implicados y condenando a los culpables de este escandaloso caso de corrupción pública y privada.