La ley de patrimonio, aprobada por el Poder Legislativo, constituye una escaramuza más en la guerra contra la corrupción que se libra desde hace varias décadas en el país.

Ahora, mediante la pieza, si no la observa el Poder Ejecutivo, habrá prisión para los funcionarios que no hagan una declaración jurada de patrimonio durante su gestión.

De igual forma establece penas de cuatro a diez años de prisión si un funcionario público acumula fortuna en base a acciones de enriquecimiento ilícito.

No es un secreto que hay una cultura de falseo de datos con el proceso de hacer la declaración jurada, por parte de algunos funcionarios.

La ley busca poner fin a esa práctica y establece penas a los que incurran en ella y prisión de uno a dos años y multa de entre 20 hasta 40 salarios mínimos.

La iniciativa es buena. Tenemos una legislación rica en disposiciones, protocolos y oficinas habilitadas con el único fin de poner coto a acciones premeditadas, hechas con alevosía con el fin principal de acumular riqueza a costa del erario.

Esperemos que esta ley prospere y ayude a disciplinar un poco los pasos perdidos de algunos funcionarios públicos.