Santo Domingo.-La Ley de Seguridad Social 87-01 requiere de una modificación urgente, para que haya una mayor regulación y cobertura a favor de los usuarios del servicio de salud, además de que los derechos de los pacientes estén por encima de los privilegios.

Ese planteamiento lo hizo Pedro Luis Castellanos, superintendente de Salud y Riesgos Laborales, quien afirmó que los problemas del Sistema de Seguridad Social no son por exceso de normativas, sino por las debilidades de estas, y hay que fortalecer esa capacidad, urgente, y aplicar una nueva reforma.

Tras reconocer que el país ha avanzado mucho en cuanto a la afiliación de la gente a los seguros, ya que antes de la actual ley apenas se cubría 7.8 por ciento de la población y hoy alcanzan un 72 % que hace uso de este, asegura que aún quedan muchos desafíos.

Además de abarcar el 28 % de las personas que faltan por asegurar para que haya una cobertura universal, el 80 % de esta cifra es menor de 18 años y es necesario que la ciudadanía entienda que este segmento tiene derecho a afiliación y que está cubierto, como además incluya a los trabajadores independientes.

Otra de las metas es reducir los gastos familiares, como ha ocurrido en diversos países. Citó el caso de Colombia que alcanza un 14 %, mientras que aquí ronda el 30 %.

El presupuesto de salud, pese a rondar el 5 % del PIB, es bajo aún.

Plan, mal concebido

Aunque no lo aparente, Castellanos dijo que el plan básico de prestaciones se ha modificado cuatro veces y la asignación financiera seis veces.

No obstante, el mismo está mal concebido, ya que la condición de salud de la población cambió, no así el catálogo de servicios.

“En 1990, la vida cotidiana de la gente en salud era diarrea, enfermedades respiratorias agudas, procesos infecciosos y otros temas que se resolvían con un contacto médico, hoy el 60 % de la población adulta tiene sobrepeso; casi el 50 % es hipertensa y un 12 % diabética; una proporción bastante alta tiene patología respiratoria crónica; al igual que registran problemas serios como cánceres e insuficiencia renal”, detalló Castellanos.

Atención primaria

Especificó que estos nuevos problemas no son de un día y la obligación del sistema es garantizar la prolongación de esas vidas con calidad.

A su juicio, esos males elevan los costos y hay que desarrollar la atención primaria de salud, que es la que va a garantizar una atención integral y continuada.

“Todo lo que podamos hacer desde la Superintendencia de Salud para que se desarrolle un adecuado financiamiento y contratación para el desarrollo de la atención primaria lo vamos hacer; no nos vamos a cansar de pregonar y trabajar para que se desarrolle la atención primaria en el régimen contributivo y subsidiado”, puntualizó.

Ganancias de ARS

Castellanos deplora las ganancias multimillonarias de las Administradoras de Riesgos Laborales, y ve que hay un espacio para eficientizar el uso de esos recursos, que tiene que ver con las regulaciones.

Entiende que los servicios no deben pagarse en base a las atenciones, sino por resultados, y el sistema actual se presta mucho a manipulación, ya que sí se les paga a los aseguradores por atenciones “estimula la demanda inducida”.

“Parte de la necesidad para mejorar el uso eficiente de los recursos es desarrollar una nuevas forma de contratación y pago, para que las ARS no se limiten a ser pagadores, no se necesita en el sistema intermediarios financieros”, insistió.

Sostuvo que las ARS tienen que ser administradoras y trabajar para reducir los riesgos de los afiliados, porque el sistema existe para proteger a los afiliados, que reciben atenciones oportunas y adecuadas, que desarrollan redes con distintas atenciones y velar por casos como los diabéticos e hipertensos, y no solo garantizar su sostenibilidad financiera.

Ley ató de manos al Estado

Para él la Ley de Seguridad Social ató de manos al Estado, porque se aprobó en una época en que estaba de moda el pensamiento neoliberal y el dogma de fe era que había que dominarlo, creyendo que el mercado iba a resolver todos los problemas.

Entonces la regulación quedó en manos de órganos representativos donde las decisiones fundamentales para proteger los derecho de loa afiliados, hay que tomarlas por consenso.

De ahí que una de las medidas a tomar es fortalecer la capacidad reguladora por parte del Estado, en estos casos las dos Superintendencias, como también la autoridad central, que hoy es una debilidad.

Una de las principales quejas es la negación de servicios por parte de las prestadoras.

Debilidad

Citó que hay un reglamento de apelaciones, aprobado por el Consejo de la Seguridad Social, el cual permite que cualquier persona invoque esa decisión y automáticamente cesa la aplicación. Entiende que hay que derogarlo.

Quejas.

El 80% llegan a través de la Dirección de Información y Defensa de los Afiliados. En 2016 se registraron 16 mil 434 .

Copagos.

Figuran entre los principales reclamos, y son ilegales la mayoría, ya que son impuestos por los prestadores. En medicina ambulatoria el 70 % lo paga el sistema y el otro 30 % el afiliado, y el peor abuso es el no dar facturas.