La Junta Central Electoral ha sido ignorada por completo en todos los señalamientos documentados que hizo sobre la impertinencia de obligarla a organizar primarias bajo el complejo esquema incluido en lo que la Cámara de Diputados aprobó como Ley de Partidos.

Esos congresistas y sus jefes políticos han metido a la Junta Central Electoral en un tremendo embrollo, del que difícilmente saldrá bien librada.

A eso hay que sumarle el enorme costo económico que le implicará al país utilizar este instrumento jurídico para resolver las disputas internas y la incapacidad de arbitrarse.

Lo aprobado afecta al sistema de partidos, al sistema político, a la institucionalidad y a las finanzas públicas.

Más allá de si en la disputa congresional ganara Danilo Medina o Leonel Fernández, que si el PRM hiciera causa común con el oficialismo, que si se fragmentó el Bloque Opositor, estamos frente a un ejercicio de desprecio por las instituciones y por los actores sociales que alertaron de una y mil maneras el tollo al que se conduciría al país con eso de que la Junta Central Electoral organice primarias abiertas y cerradas el mismo día para escoger candidatos de partidos diferentes.

Ahora toca proteger a la Junta y tener pendiente que los responsables del tollo son los que arrastraron al país a esta sin razón.