La destrucción de los bosques, ríos y arroyos, así como la caza de especies en extinción, es una actividad criminal que atenta no solo en contra de la naturaleza, sino de los más sagrados intereses de la nación.

De ahí que la advertencia hecha por el presidente Danilo Medina en ese sentido no debe quedar solo en la retórica y debe pasar de inmediato a los hechos con las duras sanciones posibles, para poner freno a los grandes criminales que están exterminando el país por un puñado de dinero. La Ley 64-00 debe aplicarse caiga quien caiga.

La guerra contra los destructores de la floresta, las “granceras”, los pescadores y cazadores debe ser cruenta, razón por la cual los organismos responsables de velar por la salud del país deben recurrir a los mecanismos que sean necesarios para detener esta carrera acelerada por la destrucción de nuestros recursos.

A esto debe sumarse un ejercicio intensivo contra la contaminación ambiental, sobre todo, contra el ruido, el humo, las construcciones irregulares y la improvisación de vertederos en las proximidades de residenciales, escuelas y centros de salud.

La salud de la nación dominicana está en riesgo, nos quedamos sin vegetación y nuestras cuencas hidrográficas son cada vez más débiles fruto de la mano depredadora del hombre y la desidia de nuestras autoridades que siempre son cómplices por comisión o por omisión.

El amargo llamado del señor Presidente de la República debe colocarnos en el sendero de la reflexión y convertirnos como ciudadanos en celosos centinelas de nuestros recursos naturales, pero esto debe tener como soporte el castigo severo a quienes los agreden, cometiendo con el ello el más horrendo Crimen de Lesa-patria.

Los dominicanos sensatos han venido reclamando con vehemencia el ejercicio real de la autoridad que, al parecer sigue ausente, en todas las acciones y expresiones de la sociedad, cuyos valores auténticos son pisoteados sin piedad por esos criminales arropados con el manto de la impunidad. Esperamos justicia.