La reforma de la Constitución no es un asunto exclusivo del oficialista Partido de la Liberación Dominicana. El contenido de la Carta Magna signa las reglas de convivencia política y social de los que conformamos la nación dominicana.
Modificarla es cuestión de todos los dominicanos, no solo de los partidos políticos y mucho menos es cosa de un partido en particular.

El Partido de la Liberación Dominicana en los últimos años ha ejercido un control delegado por el votante de los poderes Ejecutivo y Legislativo, lo que a su vez le ha permitido ejercer una influencia decisiva en el Poder Judicial y la designación de las demás altas cortes, tales como los tribunales Constitucional, Superior Electoral y Junta Central Electoral.

Esa extraordinaria concentración de poder pudiera hacerle creer a la cúpula dirigencial del PLD que tienen la facultad de tomar decisiones dentro de sus organismos para imponer a toda la nación.

Resulta oportuno aclarar que la Constitución de la República es un pacto entre todos los segmentos económicos, sociales, mayoritarios y minoritarios, políticos y de la sociedad civil, laical o confesional.

En los 21 años que distan desde 1994 hasta la fecha nos hemos dado seis períodos presidenciales, tres constituciones y cuatro modelos diferentes de reelección (la indefinida, la intercalada por un período, dos períodos consecutivos y nunca más y otra vez la intercalada por un período).

Eso no habla bien de nuestra vocación institucional y muestra una persistente cultura caudillista.
Hoy estamos en lo que pudiera ser la antesala de la cuarta reforma constitucional en 21 años, lo cual no habla bien de nuestra cultura institucional.