En la República Dominicana nos hemos dejado convencer de que todo lo que la política toca, lo daña. Son muchos quienes quieren un Estado en el cual las decisiones más importantes se tomen al margen de la política. En este contexto interpretativo, las decisiones económicas, la legislación e incluso el diseño de las políticas públicas deberían estar completamente desvinculados de la política.

Hay que distinguir la política partidaria, cortoplacista por naturaleza, y la política pública, de la que participamos todos los ciudadanos. En una democracia no es posible la desvinculación entre la política y las decisiones trascendentales.

Estas últimas deben tener un sustento democrático, aun cuando no sea directo. Es cierto que la política dominicana deja mucho que desear, pero la solución a este problema no pasa por el vaciamiento de la democracia.

Ayer martes se reunió el Consejo Nacional de la Magistratura para tomar importantes decisiones sobre la composición de la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Constitucional. De seguro, esto reavivará el debate sobre el grado de lejanía de la política que deben guardar los tribunales.

Desde ya circula la sugerencia de que los consejeros deleguen la evaluación de los magistrados a los esquemas preparados por consultores externos. Esto es un error. No se trata de la selección de personal por un departamento de recursos humanos, sino de la selección de los miembros de dos órganos políticos fundamentales del Estado. Porque eso son las altas cortes, órganos políticos, y ese el motivo por el cual sus magistrados son escogidos por el Consejo Nacional de la Magistratura.

No es realista ni conveniente, que la política no juegue un papel en la composición de estos órganos. De entrada, el papel de la política en estos procesos es claro en los sistemas jurídicos que hemos asumido como modelo.

En España, Estados Unidos y Francia, la identidad política de los jueces es clara. Quizás incluso demasiado.

La ideología y la visión de la sociedad que tienen los candidatos a jueces es importante y debe ser discutida por el Consejo. Obviamente, la lógica partidaria no debe ser usada para aplastar y debe ser atenuada. Para ello conviene que la dinámica política sea transparente, y que no pueda camuflarse con la simulada apoliticidad de un proceso político.

Existe otra razón por la cual no debemos asumir este proceso como algo apolítico, propio de técnicos: donde se niega la importancia de la política democrática se cierran las puertas para que se escuche la voz ciudadana. No olvidemos que estos jueces afectarán por años los derechos de toda la sociedad.