Desde el año 2011, fecha en que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) otorgó al país un préstamo por US$30 millones, se viene ejecutando, con dichos fondos como base, un amplio programa de rescate y renovación de nuestra Ciudad Colonial, que ha incluido una intervención en la infraestructura y, en menor grado, en la integración local de dicho desarrollo.

Esta intervención prácticamente se agotó, a pesar de los múltiples inconvenientes que se presentaron a lo largo de su ejecución, sobre todo por la confluencia de intereses alrededor de las obras realizadas, así como las relaciones interinstitucionales de las diferentes entidades que intervinieron en su ejecución.

En el año 2016 se anunció una segunda etapa del proyecto de revitalización de la Zona Colonial apoyado en un segundo préstamo del BID, esta vez por un monto de US$90 millones que incluye la adecuación de unas 200 viviendas, un plan de incentivo a la oferta de viviendas asequibles, la rehabilitación de algunas plazas y la muralla intramuros, entre otros objetivos.

Pero los problemas no cesan, y a principios del año pasado se anunció la intención de crear un fideicomiso con la fiduciaria del Banco de Reservas, en coordinación con el Ministerio de Hacienda para viabilizar el uso de los recursos, con un gobierno corporativo que garantice la sostenibilidad del programa.

Hoy lamentablemente vemos que a dos años de haberse anunciado la segunda etapa de este programa de revitalización de la Ciudad Colonial aun está por iniciarse, debido a, según se informa, rebatiñas entre las diferentes instituciones llamadas a llevar a cabo su ejecución. ¿Cómo es posible que aun no haya intervenido una autoridad superior para disponer de soluciones efectivas que permitan la continuidad de los trabajos? Esto es un caso típico del conflicto de intereses que atrasa el desarrollo de una nación. ¡Vergüenza provoca!