Santo Domingo.-La Fundación Justicia y Transparencia (FJT) lamentó que el Partido Revolucionario Moderno (PRM) se retirara de las discusiones que se llevan a cabo para lograr el Pacto Eléctrico.

La FJT pidió al Consejo Económico y Social (CES) suspender las actividades hasta que se logre un consenso que permita crear las condiciones para superar los inconvenientes que afectan las conversaciones.

Trajano Potentini, presidente de la fundación, manifestó que el Pacto Eléctrico, al igual que el Pacto Educativo y el Pacto Fiscal, es un mandato de la Ley Orgánica de la Estrategia Nacional de Desarrollo, que establece en su artículo 35 la necesidad de que “las fuerzas políticas, económicas y sociales arriben a un pacto para solucionar la crisis estructural del sector eléctrico”, de modo que la ausencia del principal partido de oposición privaría al pacto del espíritu de consenso que quiso imprimirle el legislador.

Lamentó que por todos los intereses económicos envueltos en las discusiones y la actitud inflexible que han mostrado los beneficiarios del negocio eléctrico para ceder en los asuntos más importantes, el pacto esté a punto de zozobrar.

Advirtió que la conclusión de las discusiones del pacto sin un consenso entre todos los sectores constituiría un mal precedente, de cara a las posteriores discusiones, cumbre y futuros diálogos necesarios para construir una democracia y gobernabilidad sostenible.

Asimismo, la entidad cívica explicó que de no ser el resultado de un consenso general, el pacto eléctrico carecería del apoyo necesario para implementar las propuestas que de allí surjan.

Potentini exhortó al Consejo Económico y Social a asumir una actitud inclusiva, que propicie un diálogo franco que permita crear las condiciones para solucionar el actual impasse y que tome en cuenta las opiniones y requerimientos de todos los sectores involucrados.

El PRM anunció el lunes pasado su retiro de las conversaciones que se llevan a cabo para lograr el Pacto Eléctrico hasta tanto no se restablezcan las condiciones necesarias que permitan garantizar la realización del acuerdo.

El partido opositor considera que el Gobierno debe actuar con transparencia y dar a conocer todos los detalles de la contratación grado a grado para la compra de una planta a carbón de 600 megas que sería instalada en Paya, Baní.