Ocho exmilitares chilenos han sido condenados a dieciocho años de cárcel por el asesinato de Víctor Jara, en septiembre de 1973, y el del director de prisiones de aquella época, Littré Quiroga Carvajal.
Víctor Jara era aquel cantautor, director de cine, militante comunista y docente en la Universidad Técnica del Estado. Horas después de consumado el golpe del once de septiembre encabezado por Augusto Pinochet, arrestaron a Jara, lo llevaron al Estadio de Santiago, que fue convertido en un campo de horrores como jamás se sospechó que ocurriría.
Ventitrés balazos le dieron a Víctor Jara y, lo mismo que a Quiroga Carvajal, lanzaron el cadáver a la vía pública en medio de un montón de cuerpos sin vida.
Esta condena, que llega cuarenta y cinco años después del golpe, demuestra la fuerza que ha tenido en Chile la voluntad de justicia y cómo la conciencia democrática de lo mejor de aquella sociedad ha vencido la impunidad que también allí ha tenido sus partidarios. Esa presión por el castigo a los criminales repercutió en las mismas esferas del poder.
En su mandato, el presidente Ricardo Lagos creó la Comisión Valesh, con el encargo de documentar los casos de torturas ocurridos bajo la dictadura.
La presidenta Bachelet, solicitó el año pasado que se levantara el secreto de los testimonios recogidos, y ahora, un tribunal emite la condena a estos ocho criminales. Un exitoso resultado de la perseverancia y la opinión democrática chilenas.
Por desgracia, aquí nadie se imagina algo semejante. Porque desde el fin de la tiranía trujillista, en 1961, se impuso el borrón y cuenta nueva, ni siquiera los asesinos de las Mirabal pagaron sus culpas; esos y todos los esbirros quedaron impunes, y en algunos casos pasaron a ser nuestros perseguidores y pueden citarse nombres y apellidos.
Ante ese trágico precedente histórico, otros que siguieron el camino de sus predecesores en el crimen, hasta premiados fueron.
El asesino de Amín Abel era sargento, en su breve paso por la cárcel fue un privilegiado, uno de los torturadores en la Operación Chapeo, en La Victoria, y tengo el dato de que el primer gobierno perredeísta, en nombre del mismo borrón y cuenta nueva, lo pensionó como capitán.
Dígame si la lucha contra la impunidad no está más que justificada. A ver si alguna vez nos parecemos a Chile.
